El organismo regulador publicó este miércoles sendos informes que le ha pedido el Ministerio de Hacienda, en los que analizan los pliegos de la contratación centralizada para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres, así como los que afectan al suministro de servidores y sistemas de almacenamiento.

Se tratan de contratos "cuantiosos", cuyos valores estimados ascienden a 94 y 800 millones de euros, respectivamente, según recuerda la CNMC en un comunicado.

La comisión asegura que valora positivamente los acuerdos marco (AM) como sistemas de racionalización de la contratación pública que se benefician de las economías de escala existentes, pero advierte de que “dado el estado de madurez de la contratación electrónica, se debe facilitar la libertad de acceso a la licitación, evitar toda discriminación entre operadores, minimizar los riesgos dinámicos de reducción del número de operadores que podría reducir la tensión competitiva en futuras licitaciones y minimizar el riesgo de comportamientos de carácter colusorio”.

Por eso, la CNMC cuestiona "la idoneidad del volumen de negocio por sí mismo como único parámetro para evaluar la solvencia económica y financiera", “ya que puede bloquear el acceso de pymes”.

MÍNIMO DE EMPRESAS

La CNMC recomienda revisar la división en lotes del acuerdo marco de servidores. Dada la cuantía de cada lote, afirma, si la solvencia económica se calcula en función del valor del lote y si este es elevado, “se está imponiendo una barrera de entrada a las empresas de menor tamaño, que no pueden acreditar la solvencia económica por los valores exigidos”.

También ve preciso fundamentar el número máximo de empresas adjudicatarias de cada lote y aumentar razonablemente el número mínimo de empresas a las que se invita en la segunda licitación.

Competencia reclama además “una mayor comprensión y claridad de los mecanismos de puntuación”, así como “reconsiderar los criterios de adjudicación” del AM. “Algunos no parecen los más idóneos para la adecuada selección de los adjudicatarios. Por ejemplo, al imponer criterios que valoran la presencia de la empresa en comunidades y el número de técnicos puestos a disposición, se imponen trabas geográficas y organizativas a las empresas, que pueden ser un obstáculo para la competencia”, indica.

La CNMC recomienda reforzar el grado de conocimiento de la normativa de competencia, así como el compromiso de los operadores para luchar contra conductas anticompetitivas, aunque los pliegos ya contienen algunas previsiones sobre competencia acordes con la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Por último, el supervisor sugiere hacer una estimación del volumen de gasto previsible del AM de forma racional y de acuerdo a las necesidades fundadas a satisfacer y el análisis del mercado. En sectores dinámicos como las TIC, indican los informes, la estimación en función de consumos pasados "resulta contrario a la eficiencia".