Ahora, los jueces Ángeles Barreiro, Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri convierten el archivo en definitivo en respuesta a un recurso presentado por afectados por la comercialización de preferentes de estas entidades. La decisión sólo afecta a Bancaja, quedando aún pendiente lo que tiene que ver con Caja Madrid. Según la Sección, los hechos analizados “no son constitutivos de infracción penal”.

Según el juez que archivó en primer lugar, no ha quedado acreditado que la entidad emitiera participaciones preferentes “con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión. Tal posibilidad, no era siquiera fácilmente predecible en 2009 sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después”.

La Fiscalía aseguró en ese momento que tampoco había quedado acreditado ni por vía testifical ni documental que los empleados de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se viniera a contradecir lo expuesto en los contratos y en los test de idoneidad, que se formalizaron por lo general adecuadamente, sin perjuicio de los defectos detectados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que la entidad corrigió siguiendo la indicaciones del supervisor.