Así lo señalaron a los periodistas fuentes del Ministerio de Hacienda después de que este jueves la ministra María Jesús Montero informase en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el acuerdo presupuestario cerrado por el Gobierno y su principal socio parlamentario, Unidos Podemos.

Durante la rueda de prensa, Montero indicó que las medidas incluidas en el acuerdo firmado esta misma mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tendrán un impacto en los Presupuestos de un aumento de 5.678 millones en los ingresos y de 2.082 millones en el gasto.

En concreto, el aumento de la recaudación llegará a través del paquete de medidas fiscales, que incluye la creación de dos nuevos tramos impositivos en el IRPF, por encima de los 130.000 y los 300.000 euros; establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (18% en el caso de bancos y empresas de hidrocarburos); un impuesto a las transacciones financieras; otro, del 3%, a las grandes empresas tecnológicas, y la reducción del IVA de los artículos de higiene femenina del actual 10% al 4%, entre otras.

Sin embargo, Montero no especificó si el acuerdo cerrado con Podemos, que sirve de base para el plan presupuestario que el Gobierno remitirá a Bruselas el lunes, así como para las negociaciones que se mantendrán con el resto de formaciones políticas, está elaborado sobre el objetivo de déficit para 2019 fijado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 1,8% o, por el contrario, sobre el escenario del objetivo del 2,3% que propone el Gobierno socialista.

Esas cinco décimas de gasto adicional que permitiría el objetivo que el Gobierno de Sánchez pactó con Bruselas a su llegada a La Moncloa se traducirían en 6.000 millones de euros que se repartirían en 2.500 millones de gasto para comunidades autónomas, 2.500 para la Seguridad Social, y alrededor de 1.000 millones para la Administración Central. Por ello, Montero recordó que para la Administración Central y la elaboración de las cuentas públicas “prácticamente no afecta” el tener un objetivo u otro, pero sí para las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

El objetivo del Gobierno es presentar los Presupuestos en el Congreso de los Diputados a finales de noviembre o principios de diciembre, cuando todavía no se habrá reformado la Ley de Estabilidad, ya que PP y Ciudadanos, con mayoría en la Mesa del Congreso, impidieron que se tramitara siguiendo el procedimiento de urgencia y pueden retrasar su tramitación prolongando los plazos de presentación de enmiendas.

De esta forma, el Ejecutivo socialista tendrá difícil poder elaborar los Presupuestos de 2019 con su propuesta de déficit, pero, en cualquier caso, seguirá adelante con la reforma de la Ley de Estabilidad de cara a eliminar la “anomalía” que, en su opinión, supone que dicha norma sea la única que otorga al Senado capacidad de veto, ya que en el resto de leyes el Congreso de los Diputados puede levantarlo.