Así lo recoge el documento que firmaron a primera hora de este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

El texto establece que las entidades locales reflejen en sus presupuestos las Inversiones Financieramente Sostenible (IFS) que puedan llevar a cabo. En esta línea, el acuerdo pretende incrementar el ámbito de posibles IFS en materias con “especial repercusión social”. Así, el Gobierno apuesta por aquellos ayuntamientos que tengan sus cuentas públicas saneadas de manera que puedan dedicar parte de su superávit a la “financiación y mejora de las escuelas infantiles, fomento del empleo y construcción o rehabilitación de viviendas”, para lo cual se llevarán a cabo las correspondientes modificaciones normativas.

MEJORAR LAS TASAS DE REPOSICIÓN

Otra de las medidas que incluye el acuerdo es la mejora de las tasas de reposición. De modo que las entidades locales que en el ejercicio anterior hayan cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y la regla de gasto tendrán una tasa de reposición de efectivos de hasta el 100 % para todos los sectores, funciones y servicios. Asimismo, se podrán incorporan nuevos efectivos en los sectores y ámbitos que estimen que necesiten un refuerzo equivalente al 8% de su tasa de reposición, que será de un 10% en los ayuntamientos que tengan además amortizada su deuda financiera.

Por su parte, las administraciones que no hayan cumplido con los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto tendrán un 100% de reposición en los sectores prioritarios y un 75% en el resto, y podrán añadir un 5% en sectores o ámbitos que estimen que necesiten refuerzos. Respecto a la tasa de reposición en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuerpos de Policía Autonómicos y la Policía Local será del 115%.

Además, el acuerdo apuesta por crear, en el plazo de un mes, un grupo de trabajo formado por el Ministerio de Hacienda y la FEMP para compensar a los Ayuntamientos por las cantidades que tengan que devolver a los contribuyentes por las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Por otro lado, el texto firmado este jueves también incluye medidas para revertir el proceso de despoblación. Aunque el Gobierno reconoce que es “un objetivo de país a largo plazo”, acuerda acciones para determinadas comarcas que requieren una “intervención especialmente urgente para evitar llegar a un punto de difícil retorno”. Por este motivo, se incluye la creación de oficinas, en al menos 20 comarcas, que trabajen para poner en valor los recursos disponibles en la zona y atraer tanto a nuevos pobladores como nuevas inversiones capaces de generar proyectos y empleo.

La puesta en marcha de estas oficinas se desarrollaría a través de un convenio suscrito con las entidades locales impulsoras y la respectiva comunidad autónoma. Según el acuerdo, el impacto presupuestario para 2019 es de 10 millones de euros.

CRITERIOS ECOLÓGICOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

En último lugar, en lo que respecta a los Gobiernos locales, el texto apuesta por favorecer la compra pública de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos para potenciar la agricultura como clave del desarrollo rural. Así, el Gobierno impulsará, en un plazo no superior a 8 meses, una reforma de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que favorezca la compra pública de alimentos de proximidad tanto en organismos de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas y corporaciones locales, de acuerdo con las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.

Esta reforma incorporará la compra prioritaria de alimentos de proximidad como uno de los posibles criterios medioambientales y sociales a considerar por los órganos de contratación para la evaluación de las ofertas.