Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Pedro Arrojo sobre las acciones qué está haciendo el Gobierno de cara a evitar más asesinatos de defensoras medioambientales y de derechos humanos en América Latina, como el de Berta Cáceres.

El ministro condenó el asesinato de Cáceres, destacó que el Gobierno ha hecho “todo lo posible” para apoyar a la familia de la fallecida y subrayó que está siguiendo pormenorizadamente el proceso judicial que está en marcha.

Afirmó que el Ejecutivo “no puede proteger la vida de todas las personas del mundo” y resaltó que en 1995 se puso en marcha un programa para proteger a activistas y defensores de los derechos humanos al que se han acogido 300 personas.

Confirmó que el Gobierno movilizará sus recursos políticos y económicos para desarrollar “actos de defensa” de la memoria de Cáceres y explicó que en el juicio sobre su asesinato hay ocho encausados y un español, Luis Díaz Terán, que declarará como testigo protegido.

Esto le sirvió para dejar claro que la Embajada de España en Honduras le prestará “apoyo” y “protección consular”, así como al propio Arrojo cuando acuda al país centroamericano en calidad de observador del proceso judicial.

Por su parte, Arrojo recordó la vinculación personal que le unía a Berta Cáceres, exhortó al ministro para que realizara un “seguimiento estricto” del juicio y le reclamó que utilice la influencia de España en Latinoamérica para conseguir que este proceso judicial se convierta en uno “referencial” para la defensa de los activistas medioambientales y pro derechos humanos.