Así se pronunció en una declaración formulada con motivo del Día Mundial y del Día Europeo contra la Pena de Muerte en la que, además, agregó que esta medida carece de “efectos disuasorios en el comportamiento criminal” y, por el contrario, “provoca efectos irreparables en caso de error judicial”.

A su juicio, su aplicación “no beneficia a las víctimas de los delitos”. “El condenado a muerte y su familia sufren, además, una espera que constituye en sí misma una tortura”, insistió, para, a continuación, precisar que esta declaración tiene “especial valor” en este 2018 en que se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución, un texto que abole la pena de muerte en su artículo 15 “excepto para tiempos de guerra”.

Asimismo, puntualizó que la Ley Orgánica 11/1995 la derogó en el Código Penal Militar, “quedando desde entonces abolida para todos los casos”.

El Gobierno de Sánchez reseñó que la lucha contra la pena de muerte “constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos” y advirtió de que seguirá demandando a los Estados “retencionistas el respeto de estándares mínimos en caso de su aplicación y la reducción de los crímenes susceptibles de pena capital", todo ello "con vistas a su completa abolición”.

Por otra parte, según expone la declaración, el país tratará de que, en los Estados donde hay condenas que no se ejecutan se formalicen moratorias. España contribuyó a la creación, en 2010, de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte con sede en Madrid, a la que, según anunció el Ejecutivo, “seguirá contribuyendo junto con los 19 Estados que forman su grupo de apoyo” al tiempo que aplica las Directrices de la Unión Europea de 12 de Abril de 2013 y utiliza su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “para promover la abolición”.

También actuará en el ámbito multilateral para que la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe este año la Resolución favorable a la moratoria de ejecuciones con el máximo número de votos.

España es parte en los textos internacionales que proscriben la pena capital como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Protocolos número 6 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.