Tras señalar que “no amparamos ni fomentamos" la ‘okupación’, agregó que “hemos recurrido a la vía judicial para recuperar las 1.973 viviendas que necesitan y esperan otros vecinos de nuestra región”.

“No todas las ocupaciones son conflictivas”, continuó, para añadir que son “muy numerosas las peticiones de regularización y estimamos todas las que cumplen con los requisitos”.

“Cada persona que 'okupa' con k y de forma conflictiva está privando a otras personas, que de verdad lo necesitan, de un recurso público escaso”, consideró Gonzalo, quien indicó que “en múltiples ocasiones es un serio problema para la convivencia en los barrios”.

VIVIENDA SOCIAL

Por otro lado, dijo que “estamos orgullosos de los resultados en vivienda social, desde un punto de vista cuantitativo y también cualitativo”.

“Desde un punto de vista cuantitativo porque hemos entregado unas 2.400 viviendas públicas, es decir, el doble de las 1.200 comprometidas en el programa electoral. 2.400 viviendas de las cuales 1.155, casi la mitad, son de especial necesidad”, señaló.

Y desde un punto de vista cualitativo, añadió, “no estamos desahuciando a ninguna familia por impagos de su renta".

Asimismo, destacó que “7.842 familias cuentan con reducción de renta en sus alquileres, lo que supuso destinar 13,3 millones de euros en 2017”.

Gonzalo señaló que en lo que llevamos de 2018 se han destinado 8,7 millones de euros a reducciones de renta y dijo que todo ello permite que una de cada tres familias disfrute de renta reducida.

Tras indicar que además se ha creado el Parque de Viviendas de Emergencia Social para dar una solución habitacional temporal a familias que estén atravesando situaciones sobrevenidas de especial necesidad como un desahucio, agregó que este parque cuenta ya con 168 viviendas.