Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado para presentar las líneas básicas de su Ministerio, Montero argumentó que dicha disfunción “afecta solo a esta norma” por lo que el Ejecutivo tiene “vocación de iguarla con el resto”. En este sentido, la ministra defendió que el interés del Ejecutivo es “legítimo y democrático” para que “todas las normas tengan una configuración similar”.

Montero se refirió a PP y Ciudadanos al hablar de “formaciones que quieren bloquear sistemáticamente” y “derribar” al Gobierno, señalando que se mueven por un “sectarismo partidista” que va contra los ciudadanos.

Así, la titular de Hacienda destacó que “el bipartidismo ha dado paso a unas Cortes más plurales” y que “vivimos un tiempo político nuevo en el que es imprescindible hablar con el contrincante”, por lo que incidió en la necesidad de “construir acuerdos mucho más transversales, sólidos y perdurables”.

PRESUPUESTOS

En este sentido remarcó la importancia de la política presupuestaria como “herramienta para revertir el deterioro del Estado del bienestar” y el objetivo del Ejecutivo de elaborar unos Presupuestos “más sociales y redistributivos” que contarán con alrededor de 125.000 millones de euros.

Sobre este punto, insistió en la importancia de la flexibilización de la senda de déficit acordada con Bruselas, pero rechazada por PP y Ciudadanos, para permitir un gasto adicional de 2.500 millones de euros al conjunto de comunidades autónomas, otros 2.500 a la Seguridad Social y 1.000 a la Administración Central.

En esta línea, destacó que lo importante no es qué administración puede gastar más, sino “qué políticas son las que lo disfrutan”. Por ello, defendió que la propuesta de senda de déficit refleja que las prioridades del Gobierno son “las pensiones, la sanidad, la educación y la dependencia”.

REFORMA FISCAL

En cuanto a la configuración fiscal que el Gobierno prepara de cara a 2019, Montero hizo un repaso de las principales medidas, como la creación de un nuevo tipo impositivo para las rentas superiores a 140.000 anuales que, en su opinión, “no representan ni a la clase media, ni mucho menos a la trabajadora”. En este sentido, la ministra recordó que el salario más frecuente en España es de unos 16.500 euros brutos anuales, inferior a 1.000 netos mensuales, y que el objetivo es que “este colectivo pueda tener unos servicios públicos que sean una suerte de renta indirecta que garantice que tengan una vida digna”.

Además, Montero también mencionó el establecimiento de un tipo mínimo de tributación del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes corporaciones, así como una reducción del tipo efectivo de una parte de las pymes.

También se refirió al impuesto a las transacciones financieras; un impuesto digital a las multinacionales tecnológicas, especialmente a las dedicadas al alojamiento y al transporte; a la revisión de la fiscalidad verde, aumentando la tributación del diésel para equipararlo con la gasolina; o a la rebaja del IVA del actual 10% a un 4%, de bienes de primera necesidad como las compresas y otros bienes de higiene femenina.

Por último, también destacó entre las prioridades de su Ministerio la lucha contra el fraude fiscal, dotando de más recursos a la Agencia Tributaria, o avanzar en la negociación con las comunidades autónomas de un nuevo modelo de financiación.