La Fiscalía y el promotor de la Acción Disciplinaria solicitaban para la magistrada una sanción de un mes de suspensión de funciones al considerar que había cometido una falta muy grave de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función.

Los miembros de la Comisión Disciplinaria han concluido por mayoría, sin embargo, que no se dan los elementos que permitirían estimar acreditada la comisión de la falta, prevista en el artículo 417.12 LOPJ.

La actuación de la magistrada ha sido analizada por el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, que la investiga por difundir datos de un atestado de la Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 33.000 seguidores.

El expediente se abrió a raíz de una queja presentada ante el CGPJ por un particular. Los jueces tienen prohibido “revelar, fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta”, de acuerdo con el régimen disciplinario vigente en la carrera judicial.