A través de un comunicado, la UPF, a la que pertenecía la propia Delgado cuando era fiscal, señaló que “en un Estado de derecho no se puede permitir la intromisión en la vida íntima y particular de ningún ciudadano mediante la grabación de sus conversaciones” privadas.

Este colectivo de fiscales se refería así, aunque sin citarlo expresamente, al hecho de que esta semana la web ‘Moncloa.com’ haya difundido varias grabaciones de una comida que Villarejo organizó en octubre de 2009 y a la que asistieron la hoy ministra de Justicia, el exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales.

La UPF señaló que, “desde el más profundo y absoluto respeto a la labor parlamentaria y al legítimo ejercicio de la crítica política”, entiende que no pueden usarse en la labor de oposición audios “parciales” y “sin garantía alguna de integridad o veracidad e imposibles de contrastar”.

“LODAZAL DE ESCARNIO PÚBLICO”

Para estos fiscales, Villarejo, al que no citan expresamente en su nota, puede estar usando la difusión de conversaciones privadas “como ariete para intentar obtener algún tipo de venganza o ventaja procesal”.

Esta asociación sostiene que “colocar en el mismo plano esas conversaciones -interesadamente publicitadas y reproducidas- y la dedicación profesional de quien lleva más de 25 años al servicio de la Justicia (por Delgado), asumiendo las más altas y peligrosas responsabilidades en la lucha contra todo tipo de terrorismo, es un ataque al Estado de derecho y a sus servidores”.

La UPF concluye que “convertir la política en un lodazal de escarnio público con cuestiones que nunca debieron trascender a la opinión pública y cuya grabación y difusión no tiene justificación legítima alguna (por la comida de 2009) solo beneficia a quienes se aprovechan de ella o tratan de sacar partido a las debilidades del sistema (por Villarejo)”.