Presentó la proposición el diputado de Cs Toni Cantó, quien abanderó la” libertad” y la “igualdad”, que no la “uniformidad”, frente a la injusticia de las ventajas de algunos territorios sobre otros; en un aparte se declaró especialmente contento por el hecho de que un juez haya obligado a publicar el procedimiento de cálculo del cupo vasco.

“La igualdad de los españoles no existe”, denunció, abogando por recuperar con normalidad el artículo 3 de la Constitución, que señala al castellano como lengua oficial y las lenguas cooficiales, cuya convivencia “no es respetuosa”, con lo que le parecen abusos contrarios al español en Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Galicia. Desde la bancada socialista se oyeron protestas a este comentario, a lo que Cantó contestó criticando que el PSOE haya cedido la competencia educativa a nacionalistas y el PP haya mirado a otro lado.

Así, centrándose en la propuesta, reclamó “que no se use la lengua como fuente de discrminación y promoción en el empleo público”, y que el conocimiento de la lengua cooficial sea un mérito y no un requisito, de forma que buenos profesionales educativos y sanitarios no tengan que marcharse de una comunidad, con perjuicio para éstos y para los usuarios de los servicios. Así, preguntó si alguien puede negarse al libre desplazamiento de funcionarios de un lugar a otro de España, y pidió al PP y al PSOE que piensen en ellos, algunos votantes suyos, antes de votar, dando por sentado que los nacionalistas iban a seguir con su “victimismo”.

TURNO EN CONTRA

Entre los grupos que protagonizaron el turno en contra, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, espetó de primeras a Cantó que está “enfermo de odio” por entender que hay lenguas de primera y lenguas de segunda, y le preguntó por qué el castellano es más español que el valenciano. “Su propuesta tiene un tufo insoportable de centralismo rancio”, interpretó, comparándolo con los Decretos de Nueva Planta de 1714, y acusando a Cs de crear problemas donde no los hay para arañar “un puñado de votos” con juego “sucio” y “marrullero”.

Sergi Miquel, del PDECat, preguntó dónde hay imposibilidad de usar el español en Cataluña cuando el 55% de los ciudadanos la tienen como lengua materna, y cómo va a tener un usuario de los servicios públicos hablar en su lengua si el profesional no la habla. Citó a la presidenta de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, cuando criticó a quienes imponen una lengua, por los independentistas, y extrapoló el reproche a Cantó por hacer lo propio con el castellano.

En su segundo turno, con una discusión muy encendida con el ponente, al que Ana Pastor amenazó con echar del Hemiciclo, Miquel defendió la “pluralidad lingüística de España” y la Constitución, dijo que no había crispación en este tema ni con los lazos amarillos hasta que se la inventaron “ustedes”, y preguntó cómo va a atender a un usuario que hable catalán un médico que no hable catalán.

Oskar Matute, de EH Bildu, alegó que cuantas más lenguas hable una persona, más mundos conoce, y mencionó al Consejo de Euopa y su defensa del favoritismo con las lenguas minoritarias para que compitan en pie de igualdad con otra mayoritaria. Además, criticó que Cs anteponga el derecho del profesional a ocupar un puesto sobre el derecho del usuario a hablar su lengua en ese servicio público, y le acusó de recentralizador comparándole con la dictadura.

El portavoz de UPN, Carlos Salvador, coincidió en que los nacionalismos usan la lengua como elemento diferencial, se lo defiende con un argumentario ficticio de inferioridad y finalmente se persigue al castellano como ajeno impidiendo utilizarlo a otros, creando un “muro sentimental” entre “los puros” y “los impuros”. Avanzó su voto a favor de la toma de consideración pero anunció que presentará enmiendas.

Cantó, en su réplica, diagnosticó problemas de comprensión en estos interlocutores, exigiendo que no se hable del pasado sino de los profesionales que quieren ejercer en castellano y los pacientes que pretenden ser atendidos en ese idioma, así como de los catalanes que quieran trabajar en todas partes de España.

Además, criticó que le acusen de imponer precisamente los nacionalistas que imponen su lengua sobre el castellano, y que le hablen de uniformidad cuando a él le impidieron doblarse a sí mismo al catalán por tener acento valenciano en TV3 y viceversa en Canal Nou. “Esto es libertad de elección e igualdad”, sentenció.

TOMA DE POSICIÓN

En el turno de toma de posición, el diputado castellonense del PP Miguel Barrachina avanzó que su grupo votaría a favor de la iniciativa, pero reprochó a Cantó que reconociera que el castellano no ha desaparecido de Galicia ni de la Comunidad Valenciana. Además, le pidió “humildad” para que reconociera que el Gobierno balear del PP ya derogó un decreto-ley de su predecesor socialista en Baleares.

“Con ustedes no nació esto”, subrayó el diputado del PP, lamentando que más de mil médicos hayan sido expulsados de Baleares por no saber catalán, entre ellos el 89% de los profesionales de radioterapia. Eso sí, propuso un “aterrizaje” de la propuesta hacia la “conciliación” para distinguir entre profesiones abiertas al público y las que no lo están.

La diputada del PSOE María Mercè Perea, avanzó el no de su grupo acusando a Cs de querer alterar las normas de juego, la Constitución y la forma de las Administraciones de relacionarse con los ciudadanos; de no entender España y de hacer creer que hay discriminaciones en el acceso a los puestos cuando no es así, creando conflictos y confrontación donde no los hay.

Así, le citó sentencias del Tribunal Constitucional que ya han avalado que el conocimiento de la lengua sea un requisito y le preguntó a Cantó si se pretende coartar la libertad de los ciudadanos en su relación con la Administración, quebrantando su libre acceso y la igualdad de condiciones entre los ciudadanos. Por último, recordó que es a las comunidades autónomas a quienes corresponde regular este tema. “Ustedes, que se proclaman constitucionalistas, se están petando la Constitución”, sentenció.

El diputado de En Comú Podem, Joan Mena, defendió a España como el país más tolerante con el plurilingüismo, frente al supuesto intento de Ciudadanos de crear la división en Cataluña y, una vez conseguida, ahora exportarla al resto de España.

“Son como los tiburones. Atacan cuando huelen la sangre”, acusó a Cs, defendiendo el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua que quieran, lo que obliga a imponer el requisito de la lengua a los funcionarios, y reprochándoles que su presunta voluntad de igualdad se incline siempre del lado de la imposición. “No se puede gobernar España teniendo fobia a la pluralidad lingüística. Dejen de ser la Santa Inquisición de las lenguas”, sentenció.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, comenzó defendiendo en catalán el plurilingüismo de Suiza y Bélgica, donde, respectivamente, los ministros flamencos pueden hablar en su lengua y el minoritario romanche es cooficial, hasta que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, aun defendiendo las lenguas cooficiales como gallega, le pidió por respeto pasar al castellano como lengua de todos.

Tardà, obedeciéndola, lo aprovechó ya en castellano para contrastar que en las Cortes valencianas se puede hablar en castellano pero en el Congreso de los Diputados no se puede hablar en catalán, y lamentar la supremacía del castellano, de la que culpó al peso de la Historia, no a los españoles actuales, pero que se constata en que sea la única lengua oficial de unas instituciones que también pagan los ciudadanos catalanes, vascos y gallegos. Finalmente, avisó de que, si en 40 años los fascistas no consiguieron acabar con las lenguas minoritarias, el PP y Cs, “que no son fascistas”, tampoco podrán hacerlo.

Joseba Agirretxea (PNV) acusó a Cantó de haber defendido la ignorancia sobre el conocimiento, porque no es verdad que quienes están profesionalmente formados sean unos y quienes lo están lingüísticamente sean otros, cuando hay funcionarios que dominan ambos ámbitos. Aventuró que el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, estaría encantado de ver su programa actualizado en Ciudadanos, y concluyó que la Administración está obligada a poner los recursos para que cualquiera pueda ser atendido en su lengua madre, frente a una proposición de Cs que calificó de “incendiaria”.