Villarejo se encuentra en prisión incondicional desde noviembre el pasado año por realizar trabajos privados mientras era funcionario público por los que supuestamente habría recibido pagos millonarios. Presuntamente en varios de esos trabajos habría hecho seguimientos y escuchas ilegales y recopilado información utilizando sus contactos en los ministerio de Interior o de Hacienda.

En este caso, la Audiencia investiga el supuesto cobro de 6 millones de euros por el excomisario Villarejo, que a su vez pagó a varias personas para intentar evitar la extradición del empresario. Los investigadores hallaron en el domicilio de Villarejo documentación que supuestamente indicaría que el exjuez habría sido una de las personas que cobró.

Desde su salida de la judicatura en 2102, Garzón ejerce como abogado y defiende a varios de los imputados en la `operación tamdem´, por lo que su actuación no tiene por qué haber sido ilegal. La investigación se centra, por tanto, en comprobar que el pago se hizo por vías convencionales y fue declarado como ingreso por el receptor.

La información publicada por `El Confidencial´ indicaba que la actual ministra de Justicia y exfiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, podría haberse entrevistado con Villarejo en relación con la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura.

Ayer, lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional hizo público un comunicado en el que defendió la ortodoxia del proceso de extradición que se llevó a cabo respecto del empresario. Los jueces acabaron denegando la entrega a Guatemala porque las acusaciones en su contra podrían ser investigadas por la Justicia española.

En esa misma nota de prensa, la Fiscalía de la Audiencia aseguraba que Delgado no participó en aquel proceso y fuentes jurídicas afirman que la ministra no está siendo objeto de investigación.