Esta propuesta legislativa de los grupos de la izquierda se adelanta a la intención del Gobierno de presentar una ley que persigue objetivos similares, puesto que el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de proceder a la ampliación de tres a cinco años de los plazos de prórroga de los contratos de alquiler.

Esta proposición, denominada ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, contempla también que en el caso de inquilinos de más de 70 años se deba proceder siempre a la prórroga del contrato.

La propuesta contempla además medidas para evitar desahucios, como una nueva moratoria de los lanzamientos cuando se trate de la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de riesgo de exclusión residencial y el demandante sea un gran tenedor de viviendas o la dación en pago.

Asimismo, propone la obligación de que los grandes tenedores ofrezcan alquiler social antes de interponer la demanda de ejecución hipotecaria, por impago de alquiler o por precario si el demandado está en situación de exclusión residencial, ofreciendo la misma vivienda u otra de características similares.

En cuanto a la fianza del alquiler, se establece que deberá ser en una cantidad equivalente a un mes de renta como máximo en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

Por otro lado, la ley hará obligatoria la cesión de las viviendas vacías al patrimonio gestionado por la administración pública para que se destinen al parque público en alquiler por 20 años en el caso de grandes propietarios y de diez en el de particulares.

También contempla la cesión obligatoria a favor de la administración pública del 100 % de las viviendas titularidad o de gestión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) y que en los supuestos en los que las viviendas objeto de cesión estuvieran ocupadas por personas en exclusión residencial, la administración pública titular de esa vivienda procederá a la regularización de sus ocupantes mediante la formalización de un contrato de alquiler social ajustado a sus ingresos.

En la misma línea, se establecerá un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles sobre las viviendas vacías, desocupadas de forma permanente y sin causa justificada por un periodo de más de seis meses, ubicadas en todo el territorio del Estado español. La recaudación de dicho impuesto deberá emplearse en la gestión, mejora y creación de un parque público de alquiler u otras formas de acceso a la vivienda que será gestionado por la administración pública competente.

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda a todo el territorio del Estado, la propuesta de ley establece la prohibición de venta de la vivienda social y que los municipios con demanda residencial fuerte y acreditada deben disponer, en el plazo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de viviendas principales existentes.

Por último, exige que las administraciones públicas garanticen el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad, a todas las personas y unidades familiares en situación de exclusión residencial tanto a través de una tarifa social como de la prohibición del corte de suministro.