Delgado hizo estas consideraciones en la Comisión de Justicia, donde acudió a dar cuenta del debate abierto por la defensa de Llarena en Bélgica frente a la demanda que contra él han presentado en Bruselas el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

La polémica se suscitó después de que Justicia emitiese un comunicado el pasado 23 de agosto, en el que afirmaba que, como le pedía el CGPJ, defendería a Llarena en Bélgica en lo que se refiere a su trabajo en el sumario del ‘procés’, pero no respecto a unas manifestaciones que hizo el magistrado durante un acto privado en Oviedo.

Esto generó la reacción de las asociaciones de jueces y fiscales, que acusaron al Ministerio de “dejación de funciones”. Finalmente, Moncloa emitió otro comunicado el 26 de agosto, en el que se explicaba que se habían iniciado las gestiones para contratar a un abogado que defendiera a Llarena en Bélgica, sin hacer distinción entre su trabajo como instructor y sus manifestaciones privadas.

“DATOS SACADOS DE CONTEXTO”

A este respecto, la titular de Justicia sostuvo este martes en el Congreso que no ha habido “rectificación” ni “dudas” de su departamento respecto a la defensa de Llarena, sino que fueron informando “paso a paso” del análisis que estaba haciendo del caso.

Según Delgado, la polémica suscitada en este caso no ha sido de mala explicación de su departamento, sino del uso incorrecto de determinados datos. “El problema no es de transparencia”, afirmó, “el problema desde luego no es de comunicación, el problema es la utilización, la manipulación partidista de la información, de datos absolutamente objetivos sacados de contexto, de lugar”.

La ministra hizo esta afirmación después de sostener que su ministerio “desde el primer momento” pensó que la actuación legal contra Llarena en Bélgica era una “demanda instrumental” y buscaba “prefabricar una causa de recusación fuera de España” contra el instructor del sumario del ‘procés’.

A partir de ahí, Delgado explicó detalladamente cómo actuó desde que el 10 de julio el CGPJ le informó oficialmente de la demanda contra Llarena en Bélgica. En un relato pormenorizado, la ministra dio cuenta de cómo se solicitaron informes a la Abogacía del Estado, se habló con las autoridades belgas y se hicieron distintas gestiones para defender “la inmunidad jurisdiccional española y al juez demandado”.

Respecto al hecho de que en el comunicado del 23 de agosto se dijese que no se defendería a Llarena por sus declaraciones privadas, la ministra explicó que se planteó así como opción para no renunciar a la “excepción de inmunidad de jurisdicción”, en referencia a que los jueces belgas ni siquiera entrasen a tratar la demanda contra el juez español.

“NACIONALISMO ESPAÑOL”

Por lo que se refiere a las fuerzas políticas, María Jesús Moro, en nombre del PP, sostuvo que la respuesta de Justicia a cómo iba a defenderse a Llarena generó “confusión”, por lo que pidió a la ministra “extremo cuidado” para que “no se dé pie a quienes están intentando ir contra el Estado”, en referencia a los independentistas catalanes.

A su vez, Marcial Gómez, de Ciudadanos, reprochó a Delgado que no hubiera hablado claramente de “rectificación” en su comparecencia, ya que su planteamiento inicial sobre la defensa del instructor del sumario sobre el ‘procés’ generó “mucha inquietud”.

Asimismo, PNV y Podemos coincidieron en que se ha acabado defendiendo a Llarena en Bélgica por “nacionalismo español”. Según el peneuvista Mikel Legarda, en este asunto “subyace” la idea de que este magistrado encarga “una idea de España”, mientras Eduardo Santos, de Podemos, sostuvo que al amparar a este juez se hace por las presiones del “nacionalismo español”.

En la misma línea se situó Lourdes Ciuró, del PDeCat, quien dijo que la ministra de Justicia se ha visto “arrastrada” a defender a Llarena por la presión de “la extrema derecha del Estado español”.