Así se pronunció Méndez durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para presentar el Informe de las Estadísticas Españolas de Exportación de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso correspondientes al año 2017.

Méndez afirmó que ese sistema de verificación "ex post" será muy útil para comprobar el destino y uso de este material de defensa y convertirá a España en un país a la vanguardia en esta materia, ya que únicamente EEUU, Suiza y Alemania cuentan con uno similar, mientras que Suecia y Países Bajos estudian su implantanción.

El Gobierno toma esta medida después de que el Ministerio de Defensa decidiese paralizar la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí susceptibles de ser empleadas para atacar Yemen.

El departamento que dirige Margarita Robles ha decidido paralizar este contrato suscrito por el exministro de Defensa Pedro Morenés. Su cuantía asciende a 9,2 millones de euros que ya han sido abonados y que serán devueltos a Arabia Saudí. Estas armas podrían tener como fin su utilización contra los hutíes en el conflicto en Yemen en el que Arabia Saudí lidera una coalición de países árabes que considera legítimo al Gobierno yemení.

Esta decisión tiene lugar apenas unas semanas después de que un bombardeo de Arabia Saudí matara a 51 personas, entre ellas 40 niños, tras la decisión del Ministerio de Defensa de que, en la medida de su competencia, revisaría las ventas de armamento que se encuentran en trámite y que pudiera utilizarse directamente contra la población civil.

Méndez también se ha reunido con varios ONG de la campaña 'Armas bajo control' -Amnistía Internacional, Oxfam, FundiPau y Greenpeace- para abordar el suministro de armas españolas a países árabes.

Méndez subrayó que la Jimduu ha creado un grupo de trabajo que se está encargando para diseñar un sistema de verificar el uso y destino del material de defensa vendido por España.

Este sistema permitirá controlar el empleo del material de defensa que se exporte "cuando existan dudas sobre su empleo final".

Defendió el "cumplimiento estricto" de las normas internacionales en la exportación de material de defensa y llamó a calibrar los riesgos entre la defensa de los derechos humanos y los beneficios de la industria.

Puso de manifiesto la transparencia en las estadísticas de exportación de material de defensa, si bien reconoció que en aquellos países con los que España no tenga buenas relaciones diplomáticas este control será "inviable". Por último, aseveró que la defensa de los derechos humanos y de la defensa nacional "está por encima" de "cualquier interés económico".