La Sala ha inadmitido a trámite la recusación que formularon tres de los procesados que se encuentran en rebeldía (Carles Puigdemont, Luis Puig y Clara Ponsati) y ha desestimado las planteadas por ocho de los procesados que se encuentran en prisión en España. El auto íntegro se notificará en los próximos días.

La recusación cuestiona la idoneidad del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, para juzgar el caso y también de los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral.

La `Sala del 61´ es la específica del Supremo que decide sobre las recusaciones. Esa sala está compuesta por 16 miembros, entre ellos varios de los recusados, que no participan en las deliberaciones ni en la decisión final sobre su recusación. Son miembros de esta sala el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las cinco salas y los miembros menores y mayores de cada una de ellas.

Hasta ahora se habían presentado seis incidentes de recusación. El primero lo presentaron el expresidente de ANC Jordi Sánchez y los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull; el segundo lo firman el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva. En tercer lugar se presentó el suscrito por el expresident Carles Puigdemont y los exmiembros de su Gobierno Clara Ponsartí y Felip Puig. A título individual presentaron también incidente de recusación el expresidente de Ómnium Jordi Cuixart, la exconsellera Meritxell Borràs y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Finalmente, el exconseller de Interior Joaquim Forn se adhirió a la primera de las presentadas.

No todas las recusaciones se dirigen contra los cinco magistrados; Rull y Turull la dirigían contra los cuatro primeros. Todos ellos entendían que los citados magistrados no son neutrales porque fueron los mismos que dictaron el auto por el que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que presentó la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los ahora procesados.

El Supremo ha acumulado en un único expediente las seis diferentes recusaciones a los cinco magistrados de la Sala presentadas. El informe presentado por el fiscal Jaime Moreno indica que no hay “indicio alguno para sostener que (los magistrados recusados) han entrado en contacto con la instrucción del procedimiento, ya que ni han valorado ninguna de las decisiones acordadas por el Juez instructor, ni han examinado por vía de recurso las diligencias y actuaciones practicadas durante la instrucción".

Entiende el ministerio público que "no es razonable sostener” sospechas sobre la imparcialidad objetiva de los magistrados y entiende que no está “legítima y objetivamente justificadas, por lo que el rechazo de la recusación resulta obligado". Además, la Fiscalía denunciaba en su inforeme “cierto abuso” en el planteamiento de las recusaciones.