Los demandantes pretenden una victoria simbólica de sus tesis y piden una indemnización de un euro al magistrado español por esa supuesta falta de imparcialidad. Buscan un triunfo que permita avalar la recusación del juez en España.

La vista está fijada para el martes a las 9.30 horas y viene precedida de una fuerte polémica sobre el respaldo que el Gobierno debía dar al juez. En un primer momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez se pronunció en contra de intervenir directamente en la defensa del juez por una declaraciones que hizo en el ámbito privado.

En concreto, la demanda presentada por Puigdemont y sus exconsejeros se refiere a unas manifestaciones hechas por el juez en el curso de una conferencia que dictó en Oviedo. Tras semanas de vaivenes en cuanto a la participación que debe tener el Gobierno en la defensa de Llarena, el Ministerio de Justicia acabó anunciando la contratación de un despacho de abogados belgas para defender la soberanía de los tribunales españoles y la actuación del instructor.

El encargado de defender los intereses españoles es el prestigioso bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, cuya minuta supera los 540.000 euros. Sus abogados tienen el encargo de contrarrestar la acusación de los exdirigentes independentistas que le acusa de vulnerar la presunción de inocencia y la libertad de acción política. En esa conferencia, Llarena negó que los encarcelados por esta causa sean presos políticos y que podrían haber incurrido en un delito de rebelión.

A la ya insólita situación de que un tribunal belga pueda juzgar la actuación de un juez español del Tribunal Suremo se ha sumado el reconocimiento de los abogados de Puigdemont de que la demanda atribuye al magistrado palabras que no expresó así por un error de traducción.

En su conferencia, Llarena planteó sus opiniones en condicional, mientras que el texto de la demanda las cita como una afirmación. Los abogados de Puigdemont han reconocido el error y lo han atribuido al traductor, que ha negado ese extremo.

Lo complejo del caso ha hecho que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, vigile personalmente la actuación del Estado esta causa. Fuentes jurídicas no descartan que España se persone en la causa para poder tener acceso a posibles recursos ante futuras decisiones de la justicia belga en este caso.

Llarena no está obligado a comparecer personalmente ante el tribunal belga y no va presentarse. Está aún por dilucidar si sus representantes legales presentarán un escrito o comparecerán mañana.