En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, señaló además que “todo es un entramado y una estrategia única para desprestigiar la justicia española, la soberanía nacional y poner en jaque al Poder Judicial español”, y que se trata de “una instrumentalización para perjudicar” al juez Pablo Llarena.

En torno al procedimiento que debería llevarse a cabo, la presidenta de la Asociación de Fiscales destacó que la defensa del juez Llarena debería comenzar por la “falta de jurisdicción por parte del tribunal belga, ya que son unas manifestaciones que se han hecho en España y no se entiende que un tribunal extranjero tenga que entrar a valorarlas”. Después, en su caso, deberán “continuar con la defensa”, agregó.

La presidenta de la asociación consideró también que “lo lógico es que el Estado defienda al magistrado, porque esas manifestaciones que él ha realizado son unas manifestaciones intrínsecamente relacionadas con el asunto que ha instruido”.

"Si el juez instructor no puede hablar cuando le preguntan sobre si hay presos políticos, si no puede expresar su opinión, tampoco los demás podremos hacerlo porque todos, incluido el presidente del Gobierno que en algún momento ha hecho una manifestación similar de que en España no existen presos políticos, estaremos expuestos a una demanda en el extranjero por parte de estos señores fugados de la Justicia", aseveró Dexeus.

Por otra parte, Dexeus entiende que “sí ha habido una rectificación” porque, si en un principio se dijo claramente que se iban a separar las manifestaciones del juez, que entendían que era algo privado, del tema de la jurisdicción española, y se dijo que no se defendería al juez Llarena por esas manifestaciones, “es evidente que si ahora se dice que se le va a defender ha habido un cambio, y el juez Llarena seguro que también lo entiende de la misma manera”.