En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales solicitan al Gobierno que “se asuma, en la forma que resulte oportuna, la defensa del magistrado afectado, que no es otra cosa que defender a la justicia española en su conjunto”.

Además, acusan al Gobierno de Sánchez de “clara dejación de funciones” porque el Ejecutivo ha optado por no defender a Llarena como particular, pero sí lo hará con la soberanía de los tribunales españoles ante la justicia belga, tal y como anunció este jueves el Ministerio de Justicia.

Las asociaciones también muestran su descontento por que esta causa pueda producirse en otro país. “La jurisdicción española no puede ser fiscalizada –directa o indirectamente- por los tribunales de un país extranjero valiéndose además de cauces que incurren en claro fraude de ley”, defiende el documento.

Las cinco organizaciones han cargado duramente contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado. “Escudarse en matices como los anunciados por la señora ministra para rechazar la defensa de un magistrado, que viene siendo objeto de ataques intolerables precisamente por su actuación ajustada a cuanto nos impone la Constitución, implica una incomprensible dejación de la propia defensa del Estado”, reza el comunicado.