El Consejo de Ministros iba a aprobar este viernes una nueva senda de déficit para el conjunto de las administraciones públicas con el propósito de elevar el gasto para 2019 en los presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas. Sin embargo, la decisión se paralizó en la tarde del jueves cuando el Ministerio de Hacienda tenía todo listo y desde el Palacio de la Moncloa se dio la orden de aplazar esta decisión hasta aclarar primero cómo puede eliminarse el veto del Senado que establece actualmente la Ley de Estabilidad y que permitiría al PP tumbar la propuesta, ya que existen serias dudas al respecto.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, anunció el miércoles por la noche, tras una reunión con el Ministerio de Hacienda, que habían pactado modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el fin de acabar con "la última palanca de poder que le queda al PP" para impedir el propósito de socialistas y podemistas de incrementar el gasto público en los Presupuestos Generales de 2019 con unos 6.000 millones de euros añadidos para que las administraciones públicas.

La formación morada que lidera Pablo Iglesias apuntó rápidamente que la mejor opción para reformar la legislación vigente desde 2012 y acabar con la función indispensable que otorga al Senado sería un real decreto ley que anulara esa capacidad de veto.

En concreto, se trataría de modificar el artículo 15.6 de esta ley, que obliga a que el Pleno del Congreso y el Senado se pronuncien sobre los objetivos de déficit propuestos por el Gobierno y establece que "si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos" quedan anulados y "el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".

Los juristas especializados en trámites constitucionales y parlamentarios consultados por Servimedia afirman que cambiar este precepto mediante decreto ley es "imposible" por tratarse de una ley de carácter orgánica, reservada por la Constitución para temas de gran trascendencia como derechos fundamentales y funcionamiento de las instituciones del Estado. En consecuencia, tiene un blindaje especial que obliga a ser aprobada o modificada por mayoría absoluta y que, además, excluye el uso del decreto ley.

El Gobierno de Pedro Sánchez no precisa las razones por las que en el último momento ha decidido aplazar la aprobación en Consejo de Ministros sobre la senda de estabilidad presupuestaria pero fuentes de la Oficina Económica admitieron a Servimedia que existen dudas sobre el procedimiento de la reforma de la Ley de Estabilidad y se prefiere tenerlo claro antes de avanzar.

BLINDAJE CONSTITUCIONAL

La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue aprobada en abril de 2012, en plena crisis económica y con la amenaza del rescate europeo sobre España. El Ministerio de Hacienda que entonces dirigía Cristóbal Montoro atribuyó al Congreso y al Senado la misma capacidad de veto a la hora de aprobar cada año la senda de déficit, al contrario de lo que sucede habitualmente con otras votaciones. Las dos cámaras ratificaron la propuesta con mayoría absoluta, ya que el Partido Popular que lideraba Mariano Rajoy contaba con más de la mitad de los escaños en ambas cámaras.

Pero la condición de orgánica y la obligación de que la Ley de Estabilidad que redactó Montoro fuera tramitada y aprobada como tal emana directamente de la Constitución, en concreto, del artículo 135 que se modificó en 2011 en pleno mes de agosto bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ante la amenaza de una intervención económica por la Unión Europea con motivo de la gran crisis que atravesaba el país.

El artículo 135.5 de la Constitución obliga desde entonces a que "una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera".

Al ser una ley orgánica, la Ley de Estabilidad fue aprobada con el mecanismo reforzado de la mayoría absoluta y los juristas constitucionales y parlamentarios consultados por Servimedia subrayan que necesita el mismo procedimiento para ser modificada, según establece también la Constitución en el Título III, en el capítulo segundo de elaboración de las leyes que marca el procedimiento diferente para decretos ley, proposiciones de ley y leyes orgánicas.

En el artículo 81 especifica que "son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución" y que su "aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto".

El decreto ley está reservado en el artículo 86 para casos de "extraordinaria y urgente necesidad" siempre que el asunto no afecte "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

Entre los letrados del Congreso de los Diputados hay quienes afirman a Servimedia que esta condición excluría por lo tanto al supuesto que pretende cambiarse de la Ley de Estabilidad, dado que PSOE y Podemos pretenden excluir la obligación del Senado como institución del Estado a la hora de dar el visto bueno a la senda anual de gasto.

Si el Gobierno aprobara un decreto ley para realizar esta reforma legislativa, las mismas fuentes advierten de que podría recurrirse ante el Tribunal Constitucional con "altas probabilidades" de que los magistrados tumbaran la iniciativa por el procedimiento empleado, ya que "un decreto ley no puede modificar una ley orgánica".

Estas fuentes matizaron que algunas leyes orgánicas sí pueden modificarse mediante decreto ley cuando una parte de su articulado carece de la consideración de orgánica pero indicaron que este no es el caso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera puesto que ninguna de sus disposiciones establece excepciones al respecto.

UN PROCESO LARGO

En consecuencia, la mejor manera de modificar la Ley de Estabilidad sería mediante la vía de una proposición de ley, la otra vía apuntada por Unidos Podemos, pero en este caso el proceso podría retrasarse varios meses y difícilmente llegaría a tiempo para que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

De hecho, la mera reforma legislativa para eliminar el veto del Senado a la senda de déficit podría requerir alrededor de tres meses, lo que retrasaría la aprobación del techo de gasto a diciembre o enero y la tramitación de las cuentas públicas del próximo año al primer trimestre de 2019.

Con una proposición de ley que Unidos Podemos o PSOE presentarían en el Congreso, la reforma tendría que seguir el procedimiento ordinario reservado constitucionalmente para cualquier ley orgánica. Esto obliga primero a debatir la reforma en el Congreso y aprobarla con mayoría absoluta. Después se enviaría al Senado para su ratificación, algo improbable de ocurrir dado que el PP cuenta allí con más de la mitad de los escaños y ya ha anunciado su rechazo a este cambio. De recibir el 'no' de la Cámara Alta, debería volver de nuevo a la Carrera de San Jerónino para que la Cámara Baja le diera el visto bueno final.

Este trámite ordinario es el que se lleva a cabo habitualmente para todas las leyes, con la única salvedad de que al tratarse de una ley orgánica necesitaría ser aprobada por mayoría absoluta de al menos 176 diputados y no valdría la mayoría simple.

Todo este proceso para reformar la Ley de Estabilidad podría llevar entre tres y seis meses de tramitación siempre que el PP no utilizara sus mecanismos en la Mesa del Congreso y del Senado para retrasar los plazos.

PSOE y Unidos Podemos podrían intentar agilizar el proceso calificando la reforma por la vía de urgencia y en trámite de lectura única, que evitaría el paso por comisión y recortaría los plazos al máximo. De ese modo, la modificación de la ley orgánica podría llevarse a cabo en apenas un mes. Sin embargo, este procedimiento extraordinario necesita del visto bueno de la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos disponen de mayoría.

En caso de no poder aprobar una nueva senda presupuestaria, el Gobierno de Sánchez tendría que intentar elaborar unos Presupuestos Generales para 2019 con los cálculos que estableció el Ejecutivo de Mariano Rajoy antes de perder la moción de censura del pasado 1 de junio. A priori supondría menor gasto público del que quiere el PSOE pero fuentes gubernamentales reconocen que podría maquillarse elevando la previsión de ingresos. En el cado de que luego no se cumpliera el marco presupuestario, en La Moncloa creen que no habría reproches por parte de Bruselas, puesto que ya ha dado visto bueno a suavizar el objetivo de déficit y aumentar el gasto público en el próximo ejercicio, en el que habrá elecciones municipales, autonómicas y europeas.