Exteriores emitió un comunicado en el que aclaró que el recurso no afectará a las 40 delegaciones de la Generalitat que mantiene como oficinas comerciales, las 13 oficinas turísticas y las ocho culturales, que ha sido creadas siguiendo el procedimiento legal vigente.

El departamento que dirige Josep Borrell explicó que el artículo 12 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado establece que “antes de la creación de sus delegaciones en el exterior para el ejercicio de sus competencias, las CCAA deberán comunicar este hecho al Gobierno de España” para que Exteriores “informe sobre la adecuación de la propuesta a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior, así como para que el Ministerio de Hacienda pueda emitir informe en lo relativo al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pueda hacerlo desde la perspectiva de su adecuación al orden competencial”.

El departamento que dirige Josep Borrell subrayó que la Generalitat le comunicó la creación de esas delegaciones “con sólo 24 horas de antelación” a la adopción del decreto, lo que “hacía imposible” emitir esos informes.

INCUMPLIMIENTO DE TRÁMITES

En las conversaciones mantenidas entre Exteriores y el Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, éste dio cuenta de que “en realidad no estaba abriendo ninguna nueva delegación sino reabriendo las que el Gobierno central había cerrado” tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

No obstante, arguye Exteriores, en los proceso de creación de delegaciones después de la entrada en vigor de la Ley 2/2014 “tampoco se cumplieron los trámites legales”, lo que impelió al gobierno presidido por Mariano Rajoy a interponer los correspondientes recursos contencioso-administrativos que fueron archivados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que “se había perdido el objeto del recurso cuando dichas delegaciones fueron suprimidas”.

Exteriores comentó que en las conversaciones con la Generalitat ésta argumentó que “en la práctica no se había tomado ninguna iniciativa” para ponerlas en funcionamiento. Ello empujó al Ejecutivo a esperar una rectificación por parte del Ejecutivo autonómico y se cumpliera el procedimiento establecido por la legislación vigente antes de presentar el recurso.

Puesto que durante el mes de julio la Generalitat ha reabierto las citadas delegaciones en el exterior y este mes ha convocado los concursos para nombrar los directores de las delegaciones en Francia y EEUU, Exteriores cree que se han hecho “caso omiso” a sus advertencias.

Exteriores dejó claro que “no cuestiona” la facultad de la Generalitat de establecer delegaciones en el Exterior para el ejercicio, en el ámbito de sus competencias, de actividades con “relevancia exterior”, si bien aseveró que su creación debe “ajustarse” a los establecido en la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Por último, lamentó tener que recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero “no se le deja otra opción para preservar el mandato legal”.