Así lo indicó el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, en una carta remitida este martes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que explica que ningún representante del Govern acudirá al CPFF al considerar que este órgano no es “un espacio propicio para la adopción de consensos efectivos y debates productivos”.

En esta misiva, a la que ha tenido acceso Servimedia, Aragonès recuerda que el pasado 1 de agosto se celebró una reunión “de la Comisión bilateral Estado-Generalitat que abre un nuevo espacio que entendemos más adecuado teniendo en cuenta el contexto político actual y la especificidad de los temas que atañen a la financiación de Cataluña”.

De esta forma Cataluña volverá a ausentarse de una convocatoria de este órgano, que reúne a la ministra de Hacienda y a los consejeros autonómicos del ramo, como ya hiciera en el celebrado el 19 de julio. Ese día el CPFF fijó por primera vez los objetivos de déficit y deuda de 2019 a 2021, que posteriormente fueron rechazados por el Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno debe volver a presentar una nueva propuesta y, para ello, reúne antes al CPFF.

Al igual que en esta ocasión, entonces la Generalitat consideró más adecuado tratar todos los temas en la comisión bilateral de asuntos económicos que mantiene con el Gobierno, lo que provocó las quejas de los consejeros de varias comunidades. Además, justificó la ausencia de Aragonès señalando que aunque las comunidades autónomas tienen voto en el CPFF, no tienen capacidad de decisión, puesto que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos de este órgano.

En este mismo sentido, Aragonès envió el mismo 19 de julio una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que explicaba que la Generalitat está “profundamente en desacuerdo con el mecanismo fijado para la toma de decisiones en el seno del Consejo”. En este sentido, desde el Ejecutivo catalán consideran que este órgano “es poco más que una reunión de trámite donde se notifican y oficializan las posiciones de la Administración General del Estado, lejos de constituir un espacio para el consenso y el debate productivo”.

DISCONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS

Por otra parte, en la carta enviada este martes el vicepresidente catalán expresa a la ministra su “disconformidad con la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las comunidades autónomas”. En concreto, la Generalitat considera que “a pesar de que estos objetivos son un avance positivo en la medida que suponen una necesaria desaceleración del proceso de consolidación fiscal”, los objetivos de déficit son “desproporcionados”.

En la misma línea, Aragonès se muestra “convencido que compartimos que el compromiso con la sostenibilidad financiera debe ser compatible con la preservación del interés general y la prestación de unos servicios públicos de calidad”. Sin embargo, critica que “el ajuste excesivo” en los presupuestos “en favor de un mayor margen por parte de la Administración General del Estado no únicamente tiene un evidente efecto recentralizador sino que también castiga a las Administraciones Públicas que cargamos con la mayor responsabilidad en la prestación de servicios que configuran los pilares del Estado del Bienestar”.

Por último, emplazó al Gobierno a “compartir pronto, en el marco de una próxima Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, y teniendo en cuenta el cambio de ciclo económico y el más reciente cambio de ciclo político, la conveniencia de ajustar la normativa vigente que configura nuestra senda hacia la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.

La senda propuesta por el Gobierno fija el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en el 0,3% para 2019 (dos décimas más respecto a la meta establecida por el anterior Gobierno del PP), 0,1% en 2020, y equilibrio presupuestario en 2021.

Según los cálculos de Hacienda, el aumento en dos décimas del objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2019 les permitiría gastar en torno a 2.500 millones de euros adicionales sobre el objetivo anterior y, según indicó recientemente la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en el caso de Cataluña supondría un gasto adicional de 480 millones de euros.