En declaraciones realizadas a Servimedia este lunes, Prado fue cuestionado por la Ley de Seguridad Ciudadana en la que la Generalitat se basa para multar a quienes retiren lazos amarillos de lugares públicos en Cataluña, y destacó que “da la sensación de que se utiliza esa ley, entendiendo que existe una especie de alteración de orden público por quitar los lazos, y no se sancione por ponerlo”.

“El orden público se podría alterar, no solamente quitándolo sino poniéndolo, porque son dos manifestaciones de ideología contraria”, remarcó el portavoz de la asociación.

Las sanciones que pretende imponer el Gobierno de Torra oscilan entre los 601 euros y los 30.000 euros aunque, como aclaró Prado, “cualquier sanción administrativa tiene que tener una base legal, tiene que tener un determinado trámite, y tiene que tener cobertura legal”, por lo que “si no existe una ley que lo permita no se puede imponer una sanción”.

No obstante, “cualquier tipo de norma puede ser impugnada por las personas sancionadas o por asociaciones, y acudir a los tribunales por si entienden vulnerados sus derechos, o por si entienden que esa norma carece de cobertura, o que es una norma discriminatoria, en el sentido de que está sancionando la retirada de unos determinados lazos y otros no, o que atenta a su libertad de expresión”, finalizó el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.