"Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país", señalaron los expertos de la ONU en un comunicado. "Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como 'terrorismo'".

Durante el mes de abril, fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido de Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la seguridad social. Las protestas han disminuido recientemente en número e intensidad, tras la eliminación por parte del Ejecutivo de Daniel Ortega de los bloqueos de carreteras.

Sin embargo, expertos de la ONU dijeron que las voces críticas hacia el Gobierno, como líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, representantes de la Iglesia católica y miembros de la Alianza Cívica, siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos.

Así, Los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica. También se ha denunciado que la financiación de algunas instituciones académicas se ha congelado.

"Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como ‘terroristas’ y ‘golpistas’, y aparentes intentos de socavar a la oposición", añadieron.

Además, se mostraron “profundamente preocupados” por el hecho de que la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, permite a las autoridades “un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”.

"Nos preocupa que estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas", expresaron los expertos, mientras que recordaron que “nadie debe ser detenido por el ejercicio de sus derechos humanos”.

REGISTRO DE DETENIDOS

Por otro lado, los expertos destacaron la importancia de que el Gobierno mantenga un registro claro y actualizado de los nombres y ubicación de las personas que han sido privadas de libertad. Además, indicaron que a quienes enfrenten procesos judiciales se les debe garantizar el derecho a un juicio justo, con todas las garantías del debido proceso. "La impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo", comentaron.

Por ello, exhortaron al Gobierno de Ortega a que “desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”.

También instaron al Ejecutivo nicaragüense a abstenerse de involucrarse en prácticas de criminalización contra los defensores de los derechos humanos y otros activistas, incluso mediante el uso inapropiado de la legislación nacional de seguridad y contra el terrorismo.

Entre los 11 expertos de la ONU están los relatores especiales Michel Forst (sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Clément Nyaletsossi Voulé (derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación), David Kaye (promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión), Agnès Callamard (ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias), Dainius Puras (derecho a la salud física y mental) y Fabian Salvioli (promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición).

La relación la completan Ivana Radacic (presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica), Fionnuala Ní Aoláin (relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo), Bernard Duhaime (presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias), Koumbou Boly Barry (relatora especial sobre el derecho a la educación) y Seong-Phil Hong (presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria).