“Esta modalidad de transporte, que se ha extendido con gran rapidez en los últimos años, y que ha desatado un conflicto abierto con el servicio público del taxi, no está incluida en la normativa estatal de accesibilidad al transporte, que data de 2007 (Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre), por lo que no rigen para ella obligaciones de accesibilidad, como sí ocurre por ejemplo para el servicio de taxi”, lamenta el Cermi.

En este sentido, la entidad considera que, como cualquier otro medio de transporte a disposición del público, tenga o no el carácter de servicio público, los VTC han de ser accesibles a las personas con problemas de movilidad, por lo que el Gobierno central ha de regular como condición básica de accesibilidad y no discriminación un porcentaje de vehículos de estas características accesibles.

En concreto, el Cermi entiende que este ha de ser de un 10% en atención a la población potencialmente usuaria que precisa de vehículos sin barreras para su libre movilidad.

“Introducir esta obligación en la esfera de los VTC asimilaría ambas regulaciones, dando un trato simétrico, pues sobre el servicio público del taxi sí existen exigencias de accesibilidad, además de ampliar el ámbito de la accesibilidad universal, que debe proyectarse en todos los medios de transporte”, agrega la plataforma representativa de la discapacidad en España.

El Cermi explica que viene reclamando la extensión de este deber de accesibilidad a los VTC en los últimos años, con el apoyo expreso del Defensor del Pueblo, que asumió esta demanda, “pero fue desoída por el Gobierno del PP.

“Ahora que Fomento se plantea una nueva regulación de los VTC es el momento de completar el círculo de la accesibilidad, incorporando el porcentaje del 10% de vehículos accesibles”, zanja la entidad.