La coalición ha registrado esa comparecencia ante las denuncias de las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia, referida a las supuestas irregularidades que se habrían acometido en el proceso de acceso a la plaza del fiscal por parte de Sofía Marchena Perea, hija de Manuel Marchena, quien presidía entonces, y sigue presidiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

"La hija del magistrado del Supremo eligió voluntariamente en 2016 la carrera judicial, en lugar de la carrera fiscal, para la que había plazas vacantes en aquel momento. Dos años después, llama la atención que haya optado por la carrera fiscal, para la que se creó la plaza extra adjudicada a ella", dice Izquierda Unida.

La coalición considera que, al decantarse por la carrera judicial, debería haberse examinado de nuevo, como es la praxis habitual para las miles de personas que se examinan cada año para las plazas del sistema público".

De confirmarse los hechos denunciados, no habría optado así a esta plaza en igualdad de condiciones respecto al resto de opositores a la carrera fiscal, "sino con ciertos privilegios según los indicios conocidos hasta ahora". Además, el proceso incurre en una modificación de arbitraria de la oferta de plazas de fiscales para 2018, que era de 35 y no de 36.

Denuncia, además, la modificación de la nota de Sofía Marchena Parea, ya que aprobó la oposición en 2016 con una nota de 68,2, pero en el listado publicado en el BOE del 25 de julio de 2018 su nota es de 52,31.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que el Poder Judicial debe dar ejemplo de transparencia y honradez en el acceso a las carreras públicas.