La iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja, señala que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social prevé que los poderes públicos empleen medidas de “acción positiva” para compensar las desventajas derivadas de la discapacidad con el fin de lograr la participación plena de todas las personas en todos los ámbitos de la vida social.

Los populares reconocen los esfuerzos que realizan especialmente los ayuntamientos para que los municipios sean cada vez más accesibles suprimiendo barreras arquitectónicas con las que se encuentran diariamente las personas con movilidad reducida, pero añaden que ello no siempre es posible por “la falta de continuidad de los itinerarios accesibles” y las “graves barreras” existentes en algunos tramos.

El PP indica que la inaccesibilidad en los entornos es “una forma sutil pero eficaz de discriminación indirecta” y que personas con movilidad reducida ven limitado su derecho al acceso o el uso de determinados lugares por sus necesidades específicas.

En este sentido, apunta que los carriles bici son infraestructuras nuevas que se han diseñado y construido respetando fielmente los principios de continuidad y seguridad vial, y solventan las barreras arquitectónicas que pueden encontrarse en los accesos a pueblos y ciudades.

Sin embargo, la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial considera peatón a “las personas con discapacidad que circulan en silla de ruedas, con o sin motor”, por lo que los ayuntamientos no pueden facultar a estas personas a circular por los carriles bici porque las ordenanzas municipales chocarían con una norma estatal.