La proposición fue defendida por la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y contó con los votos a favor de todos los grupos municipales.

Higueras explicó que la relación de estas profesionales con los usuarios de los servicios sociales es en la mayoría de los casos, de respeto, aunque también reveló que estas trabajadoras han sido objeto de amenazas y agresiones.

Por ello, ha propuesto que el Gobierno regional apruebe una ley que otorgue la condición de autoridad pública a estas profesionales como ya ha hecho con los médicos y los profesores.

“Este reconocimiento permitiría reconocer y apoyar su labor, reforzar su autoridad y les proporcionaría la protección y respeto necesarios en el ejercicio de sus funciones”, apostilló Higueras. Además, añadió que “esta propuesta es una actuación más en la apuesta municipal por unos mejores servicios públicos y de calidad”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, dio su voto favorable a esta propuesta. Su grupo había presentado una adición a la proposición de Ahora Madrid en la que apoyaba que se otorgara esta condición de autoridad pública, pero planteaba que la regulación se retrasase hasta la aprobación de la futura Ley Integral de Servicios Sociales y que finalmente no fue votada.

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista también ofreció su voto favorable a la moción y según señaló el concejal socialista Ignacio de Benito, el Gobierno municipal puede considerar a estos trabajadores como agentes de la autoridad.

Por su parte, el Grupo Municipal del PP, en palabras de la concejala Beatriz Elorriaga, también apoyó la moción. “Es muy razonable y necesaria”, remarcó.