Estas grabaciones recogerían, por ejemplo, cómo Villar Mir habría falsificado un certificado médico para no declarar como imputado, pero la Abogacía manifestó que, a su entenderr, esto supone “una violación del derecho a la defensa y del secreto profesional”. Por ello, solicita una ley que evite que se den este tipo de situaciones.

El CGAE considera “inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa”. “Sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia, y sin Justicia no puede haber Estado de Derecho, no puede haber ni siquiera democracia”, indica en un comunicado.

Además, la institución también considera las grabaciones un “gravísimo atentado contra el Estado de Derecho”. “La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad”, remachó.

Por ello, la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española solicitó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que impulse la tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que ya había sido presentado al Gobierno de Rajoy.

Según la Abogacía, se trata de “una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía y que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios”.