Así lo indicó en una rueda de prensa tras la reunión que mantuvo la ministra con los principales sindicatos de función pública, CCOO, UGT y CSIF, la primera desde la formación del nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

Batet explicó que la intención del Gobierno es que el incremento salarial se haga efectivo “lo antes posible”. No obstante, precisó que el reflejo de la subida del 0,25%, vinculada al incremento del PIB del 3,1% en 2017, dependerá de cada gestora.

Adicionalmente a este incremento, la ministra indicó que se prevé un aumento del 0,2% de la masa salarial, que “no responde a una subida salarial lineal, sino que son fondos específicos” para mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas, cuyo reparto negociará con los sindicatos para cerrarlo en otoño, una vez que el Ministerio de Hacienda lo autorice.

Por otra parte, la ministra se refirió a la Oferta de Empleo Público (OEP) de la AGE para este año, que está previsto aprobar en el Consejo de Ministros del día 27 de julio, y apuntó que en esta oferta se incluirá la estabilización de personal interino correspondiente a 2017.

En este sentido, manifestó el compromiso de su departamento para convocar en los próximos seis meses las convocatorias de estabilización tanto de 2017 como de 2018 para “ahorrarnos problemas”.

Batet también añadió que el acuerdo sobre Incapacidad Temporal (IT), para eliminar los descuentos en las nóminas por bajas médicas y volver a la situación anterior a 2012, está “muy avanzado”, y el día 23 de julio se reunirá la Mesa General de la AGE para cerrarlo. “Este acuerdo sobre IT queremos llevarlo al Consejo de Ministros del día 27, junto con la OEP”, destacó.

Respecto a la recuperación de la capacidad para negociar la jornada laboral de 35 horas semanales, Batet señaló que "nuestra voluntad es poder hablar de todo, somos conscientes de que los sindicatos lo van a reclamar y vamos a ver cómo podemos avanzar".

La titular de Función Pública puso de relieve que el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez es “mantener y reforzar esos acuerdos firmados con el anterior Gobierno, y sobre todo, seguir avanzando para mejorar las condiciones laborales”.

“Nuestra intención es que las mesas de negociación se reúnan mucho, trabajen mucho; sabemos que estamos en una legislatura corta, no queremos comprometernos a realizar cosas que pensamos que no son posibles”, subrayó.

SINDICATOS

Desde los sindicatos se mostraron satisfechos con esta primera reunión con Batet pero pidieron que se recuperen todos los derechos que ha perdido el colectivo durante la crisis.

El coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, manifestó que ha trasladado a la ministra la necesidad de conocer el programa del Gobierno en materia de función pública y subrayó que el II Acuerdo para la Mejora de las Condiciones Laborales de los empleados públicos firmado con el anterior Gobierno no es una “ley de punto y final”.

Fernández señaló que hay “receptividad para hablar absolutamente de todo en otoño” y exigió que se recuperen los derechos “arrebatados” a los empleados públicos durante la crisis.

Además, precisó que en la AGE hay en torno a 300.000 vacantes, de las que 140.000 plazas se encuentran en procesos de convocatoria.

Desde CSIF, su presidente, Miguel Borra, reclamó a la ministra una oferta extraordinaria para la AGE de 4.000 plazas en los mismos términos del año pasado, y 6.000 plazas para promoción interna, dado que es la administración “más envejecida”.

Además, pidió abordar la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad para los empleados públicos, en línea con lo que se ha acordado en Andalucía.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), Julio Lacuerda, incidió en que “nuestro interés es revertir todas las decisiones de carácter unilateral que nos afectaron a los empleados públicos desde 2012”.

Añadió que en los próximos Presupuestos “queremos abrir una intensa negociación” y destacó que “el hecho de que el acuerdo estuviera nos va a servir de mucho”.