En su intervención en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para presentar las líneas maestras de su departamento, el ministro anunció que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos va a acordar la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial específicamente dirigido a desarrollar un conjunto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El primer paso que dará dicho grupo será revertir las consecuencias de la reforma del año 2013 en la Ley de Arrendamientos Urbanos, ampliando el plazo de prórroga de los contratos de alquiler de tres a probablemente cinco años.

También abordará el régimen de garantías, con el objetivo de regular el importe de las garantías adicionales a las fianzas en los contratos de arrendamientos, estableciendo límites razonables con objeto de mejorar el acceso a la vivienda en alquiler, limitando las exigencias al arrendatario al suscribir el contrato.

Además, quiere avanzar en la seguridad jurídica de estos contratos. Para ello, se establecerá que, en caso de transmisión de una vivienda arrendada, el nuevo propietario deba respetar el contrato de arrendamiento vigente, aunque éste no se halle inscrito en el Registro de la Propiedad.

Otra línea del grupo de trabajo será una mayor coordinación con los servicios sociales en los casos de desahucios. En la misma línea, se plantea la optimización del uso del parque de vivienda existente, para lo que se propone acotar de forma precisa la definición de vivienda vacía y vivienda turística.

Del mismo modo, quiere arbitrar medidas para regular, en coordinación con el conjunto de administraciones competentes, el fenómeno del alquiler turístico de vivienda, acotando las definiciones del arrendamiento de temporada de la Ley de Arrendamientos Urbanos y los términos de la remisión del alquiler turístico de vivienda a su normativa sectorial.

“En este asunto hay comunidades autónomas y ayuntamientos que han avanzado algunas propuestas, pero consideramos que es el Estado el que debería tratar de armonizar y fijar criterio”, sostuvo Ábalos.

Por otro lado, para buscar el incremento de la oferta de viviendas en alquiler a corto plazo, se contempla la búsqueda de acuerdos con la Sociedad para la gestión de los activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

En cuanto al Plan de Vivienda 2018-2021, el nuevo Gobierno quiere mejorar el presupuesto para los ejercicios 2019, 20 y 21 y revisar los ocho programas de subvenciones. En particular, prevé modificar el programa de ayudas a los jóvenes, mejorando sustancialmente las condiciones para acceder a las ayudas y orientándolo a satisfacer las necesidades reales de este sector de la población; y ajustar otros programas como el fomento del parque de vivienda en alquiler.

Por último, a largo plazo contempla el Plan de impulsar la construcción de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles, en el plazo de cuatro a seis años, destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con renta o precio limitado.