“No pensamos quedarnos sólo con lo que hemos hecho hasta ahora”, señaló Ibarrola, quien añadió que para 2019 "vamos a seguir aumentando los medios económicos de la Justicia gratuita y ya estamos tramitando el decreto que modificará los plazos de pago” de la asistencia jurídica gratuita a abogados y procuradores.

Habló de la importancia de la Justicia gratuita y del derecho a la tutela judicial efectiva como "derechos esenciales del ciudadano y principios básicos para el establecimiento y funcionamiento de una sociedad libre y democrática".

Asimismo, destacó el trabajo que realizan abogados y procuradores en este ámbito y añadió que “no sólo sirven a la Justicia sino que también garantizan la igualdad de oportunidades desde y ante la ley y, con esa igualdad, el desarrollo y la estabilidad”.

“Por tanto, la atención al correcto funcionamiento de la Justicia gratuita es una prioridad absoluta" para su departamento, según Ibarrola, quien dijo "todo en esta vida es susceptible de mejora pero puedo decir que estoy muy satisfecha de la labor realizada en esta materia”.

Ibarrola manifestó que el presupuesto destinado a asistencia jurídica gratuita alcanza este año los 48,6 millones de euros (42,8 millones para abogados y 5,8 millones para procuradores), frente a los 31,8 millones presupuestados al inicio de la legislatura.

A su juicio, la evolución de estos datos “es la mejor demostración del interés de esta Administración en la materia”.

Además, recordó que el Ejecutivo regional también se comprometió a agilizar los pagos de la asistencia jurídica gratuita en su programa de Gobierno y señaló que “de forma coordinada con los Colegios de Abogados y Procuradores, hemos mejorado la eficacia y eficiencia en la tramitación del pago de asistencia jurídica gratuita, pasando de un periodo de tramitación de cinco meses y medio al actual, de dos meses y medio”.

MEJORA DE LAS RETRIBUCIONES

Destacó que el Gobierno regional ha mejorado además los baremos de los colegios profesionales para recuperar la rebaja del 20 % aplicada en 2012, tal y como se comprometió a finales de 2015 en un acuerdo de legislatura con abogados y procuradores.

Finalmente, añadió que también se han incrementado las cuantías de cinco baremos claves en las actividades que diariamente llevan a cabo los abogados del turno de oficio y señaló que a esto se suma el aumento de todos los baremos de los procuradores, incluyendo también una nueva retribución de 100 euros para procedimientos de especial complejidad.

“Todos estos avances consolidan la apuesta firme de la Comunidad de Madrid por garantizar la tutela judicial efectiva de todas las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para litigar, como demuestran los 111.853 expedientes tramitados en 2017”, concluyó Ibarrola.