Así lo destacó Ribera en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde compareció a petición propia para explicar las líneas generales de trabajo de su departamento, si bien su asistencia fue solicitada por el PP, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y el Grupo Mixto.

“Ningún hogar debe ser privado de un bien básico para la vida como el agua y los poderes públicos deben velar para que no se vea vulnerado ese derecho fundamental. Por tanto, trabajaremos por el reconocimiento de ese derecho al agua como un derecho humano”, comentó.

En este sentido, apuntó que habrá un “nuevo marco legal” que impedirá que el suministrador de agua pueda suspender el servicio de abastecimiento a una familia “por razones económicas cuando los recursos familiares no permitan cubrir su pago en tanto se tramitan las posibles ayudas sociales que puedan permitir acceder a la cobertura básica y haya resolución administrativa”.

AGUAS RESIDUALES "DEFICIENTES"

Ligado a este aspecto, Ribera indicó que la pobreza energética es uno de los asuntos que más “ha dolido y avergonzado” en España durante la crisis económica, y recordó que 6,8 millones de españoles fueron considerados vulnerables en 2016 y no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares o se retrasaron en el pago de algún recibo eléctrico.

Subrayó que el bono social eléctrico aborda “de forma parcial” la pobreza energética y debe mejorarse la accesibilidad de la electricidad en las casas en colaboración con las administraciones que han impulsado herramientas de lucha contra la pobreza.

Por otro lado, Ribera calificó de “deficientes” los niveles de depuración de las aguas residuales y apuntó que la UE ha impuesto a España una multa de 46,5 millones de euros por incumplir la normativa en 17 ciudades.

“Existen carencias importantes en la depuración de aguas residuales en nuestro país”, dijo, ante lo cual consideró “urgente” un plan de choque a través de un Plan Nacional de Depuración y Saneamiento.