Según señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda a Servimedia, esta es la fecha en la que se prevé que sea aprobado este mecanismo que supondrá el primer paso para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que según el artículo 134 de la Constitución deben presentarse antes de finalizar el mes de septiembre del año anterior.

Para ello, antes deberá haberse celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que, según indicó este mismo lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además de informar sobre el techo de gasto se deberá aprobar la senda de déficit, con el correspondiente reparto de los objetivos de déficit entre los distintos niveles de administraciones, así como comunicar las entregas a cuenta correspondientes a cada autonomía en 2019.

Una vez el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto, serán remitidos al Congreso de los Diputados y al Senado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria deben ser aprobados por ambas Cámaras y, en caso de ser rechazados, el Gobierno tendrá que presentar una nueva propuesta.

Sin embargo, el techo de gasto se presenta en las Cámaras a modo informativo, sin que sea necesario el visto bueno parlamentario, de forma que una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros podría remitirse a Bruselas.

Para la aprobación del techo de gasto la referencia son los 118.337 millones de euros en los que se fijó el de 2018. En este sentido, Montero ha asegurado en las últimas semanas que se incrementará, pero sin especificar la cuantía de dicho aumento.

En cuanto a los objetivos de déficit, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy lo fijó en un total del 1,3% para 2019 entre todas las administraciones, con un reparto de un 1% para la Seguridad Social, un 0,3% para la Administración Central, y estabilidad presupuestaria para ayuntamientos y comunidades autónomas.

Sobre este punto, el nuevo equipo al frente del Ministerio de Hacienda que encabeza Montero ya ha señalado en varias ocasiones que se mantendrá dicho objetivo del 1,3%, a pesar de que varios organismos internacionales como la Comisión Europea o la OCDE, así como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), desconfían de su cumplimiento. En concreto, estos organismos ya consideran poco probable que España cumpla con un objetivo del 2,2% para 2018 que, en caso de cumplirse, requeriría una reducción de nueve décimas para alcanzar el objetivo del 1,3% el año siguiente.