Así se recoge en el informe ‘Panorama de la fiscalidad local 2018’ elaborado por el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), presentado este martes.

Según el informe, “la dimensión de nuestra administración local es menor que la media de los países de la UE”, al suponer el 6% del PIB, frente al 11,1% de media de la UE que representan los ayuntamientos, pero “con un mayor peso de los impuestos en su financiación, más superávit y menor endeudamiento”.

Por tributos, el REAF señala que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre el que “los ayuntamientos tienen una remarcable capacidad normativa”, consiguen, según datos de 2017, el 28,2% de los ingresos de las administraciones locales, “habiendo sido el tributo que ha sostenido buena parte de su financiación en la travesía de la crisis”. En concreto, según el informe para 2018 se espera que las capitales de provincia obtengan una media de 315,2 euros por habitante con este impuesto.

Además del IBI, que es de carácter obligatorio, el informe destaca que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), también obligatorio, supone el 3,1% de los ingresos de los ayuntamientos españoles (estimación de 40 euros por habitante para 2018) y que su recaudación “viene lastrada por las exenciones a todas las personas físicas y a las personas jurídicas con importe neto de la cifra de negocios inferior al millón de euros”. Debido a estas exenciones, el REAF recomienda “una revisión en profundidad” de este tributo, al considerar que “grava mucho a determinadas empresas y nada a otras”.

Por su parte, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el 4,7% de los ingresos (47 euros por habitante), “tiene la particularidad de que lo paga el titular del permiso de circulación, por lo que algunos municipios han traído flotas de vehículos estableciendo unos tipos muy bajos”.

También con el 4,7% de los ingresos se sitúa el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como “plusvalía municipal” y que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos por transmisión de la propiedad.

En este caso, la estimación de recaudación en 2018 es de 88,1 euros por habitante, siendo muy superior en Madrid (202,4 euros) y Barcelona (142,4 euros) que en el resto de capitales.

Por último, el tributo de carácter local que menos ingresos aporta es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que aporta el 1,4% de los ingresos, con una previsión de recaudación por parte de las capitales de provincia de 17,3 euros por habitante en 2018.

Por otro lado, en lo referente a las tasas municipales, el REAF apunta que con ellas las haciendas locales piensan recaudar en 2018 el 13,6% de sus ingresos (170,1 euros por habitante).

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Una de las conclusiones destacadas por el informe es que, debido al gran peso de la recaudación tributaria en los ingresos de las administraciones locales y al “margen de decisión” existente, los ayuntamientos cuentan con “una relativa autonomía financiera”.

Además, también concluye que “la recaudación impositiva de las corporaciones locales está muy ligada al sector inmobiliario”, ya que el IBI, ICIO, plusvalía municipal y muchas de las tasas están relacionadas con este sector. Así, el REAF explica que esto provocó “graves dificultades financieras para los ayuntamientos” y aconseja buscar fuentes de financiación alternativas como “la creación por parte del Estado de impuestos medioambientales sobre los que los ayuntamientos tuvieran potestades normativas”.

Por otra parte, el REAF apunta que los ayuntamientos aprueban muchas tasas cuyo objeto imponible es el mismo o similar, pero que las configuran “a su manera”, por lo que se pueden crear “dificultades a empresas que operan en varios municipios”. Por ello, recomienda “establecer un marco normativo común”.

Por todo ello, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, afirmó que “no es una buena noticia que no haya sobre la mesa una propuesta de financiación autonómica, ya que la reforma de esta última permitiría reordenar y aclarar toda la fiscalidad, tanto la autonómica como la local, así como acometer la modernización de la tributación medioambiental”.