Se trata de una proposición de Ley Integral Democrática y de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Franquismo que presentará el coordinador general de la coalición, Alberto Garzón, en un acto en el Congreso de los Diputados. Consta de 63 artículos, 13 disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales.

La propuesta incluye la nulidad de varios preceptos de la Ley de Amnistía como medio óptimo para despejar el camino a las peticiones de investigación, persecución y reparación de los crímenes del franquismo que sistemáticamente quedan frustradas en los tribunales. También la ilegalidad de las asociaciones y fundaciones que públicamente humillen o trivialicen los crímenes del franquismo y de la transicioó o que tengan por objeto realizar apología del franquismo, el fascismo o el nazismo.

Plantea, asimismo, la denuncia y derogación del Concordato firmado en 1953, renovado por los acuerdos de 1976 y 1979, y llama la atención sobre "el papel de la Iglesia Católica como eficaz colaboradora del bando que se sublevó contra la Segunda República y de la posterior dictadura franquista".

La coalición quiere también desclasificar y hacer públicos "con carácter general y sin excepciones" todos los documentos oficiales de la dictadura militar franquista y la transición que aún se encuentren clasificados y bajo secreto o restricciones de acceso.

La iniciativa recuerda que España es el segundo país en número de desaparecidos forzosos del mundo, ya que los últimos cálculos estipulan que más de 100.000 personas continúan sepultadas en fosas comunes. Sin garantizar verdad, justicia y reparación a quienes padecieron dicha represión y a sus familiares, argumenta la coalición, no se puede emprender un camino democrático en el que la impunidad de los crímenes de lesa humanidad no tenga cabida.

CENSO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por ello, propone que las personas represaliadas por oponerse al golpe de Estado de 1936 y el franquismo, así como las víctimas de violencia institucional durante la transición obtengan un reconocimiento como sujetos pasivos de todos los derechos recogidos en la ley del Estatuto de la víctima de delito, y declaradas víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y contra el derecho internacional humanitario para permitir su reparación moral, política y jurídica.

En ese sentido, declara nulos e ilegales todos los consejos de guerra sumarísimos y sus correspondientes sentencias que se instruyeron por causas políticas en España a manos del franquismo desde el 17 de julio de 1936.

Reclama la creación de un Censo de la Memoria Democrática con información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil; medidas para la localización, búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas por parte de los pdoeres públicos, incluido un mapa de fosas, y una Fiscalía especial para la investigación de desapariciones forzosas y la sustracción forzosa de menores.

La iniciativa dedica varios artículos a la obligación de las autoridades de buscar a esos menores con un marco temporal extraordinario hasta el 31 de diciembre de 1999.

También sugiere establecer el Día de Homenaje a las Víctimas y a las Defensoras y Defensores de la Democracia el 8 de mayo, día de la victoria sobre el fascismo en la Segunda Guerra Mundial; definir los Lugares y Rutas de Memoria por todo el Estado, con categoría de Bien de Interés Cultural, y retirar o eliminar los títulos nobiliarios contrarios a la memoria democratica del Estado.