El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, afirmó en un tuit, recogido por Servimedia, que este miércoles se cumplió un año de la creación de ese proyecto “pionero en Europa”. “150 rutas ciclistas protegidas, con más de 4.000 kms. Por toda España. El balance es 0 fallecidos”, recalcó.

Tráfico puso en marcha esa iniciativa después de que incrementaran los atropellos a ciclistas y de que las medidas puestas en marcha hasta entonces eran insuficientes para atajar la siniestralidad de estos usuarios de las carreteras.

Con las rutas ciclistas protegidas, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) intensifica la vigilancia y los controles de alcohol y drogas, y se reduce la velocidad para los coches en más de 150 tramos de carreteras en 43 provincias, todas salvo las de Cataluña y País Vasco, donde la DGT no tiene competencias.

En esas rutas se ponen en marcha medidas durante los días y las horas de presencia más destacada de ciclistas, que suelen ser los sábados y los domingos por la mañana, cuando coinciden los usuarios de las bicicletas con quienes terminan sus noches de ocio.

MENOS VELOCIDAD

En esos tramos se reduce el límite de velocidad para el resto de vehículos, lo que depende del tipo de la vía (de 10 a 20 km/h), y los agentes de la Guardia Civil redoblan su vigilancia presencial con el fin de comprobar que se cumplen las normas de seguridad, como el mínimo de 1,5 metros para adelantar a los ciclistas, la velocidad adecuada y posibles maniobras antirreglamentarias.

Además, la Guardia Civil hace controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos a esas vías, que están vigiladas por las patrullas de helicópteros de la DGT, las cuales controlan desde el aire los adelantamientos a ciclistas y la velocidad de los coches.

Asimismo, las jefaturas provinciales de Tráfico piden para esos tramos la colaboración de las policías locales con el fin de que también hagan controles preventivos de alcohol y drogas en las salidas de los municipios, y a los titulares de las vías (Ministerio de Fomento, comunidades autónomas y diputaciones provinciales) para priorizar las labores de conservación que sean necesarias.