La iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja, solicita al Gobierno que analice, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el grado de cumplimiento por parte de los ayuntamientos de la obligatoriedad de promover las licencias de taxis accesibles en el porcentaje establecido en la normativa vigente.

Un real decreto de 2007 establece que todos los ayuntamientos deberán haber promovido el 4 de diciembre de ese año (es decir, una década después de la entrada en vigor de esa normal) que al menos un 5% o una fracción de las licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados.

Un informe de la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) sobre la flota de taxis accesibles en 135 municipios de más de 50.000 habitantes (y en los que viven 1.294.4000 personas con dificultades de movilidad) indica que el 63% de esos municipios analizados incumplen laa cuota de taxis accesibles establecida por la normativa, mientras que un 42% no alcanzan ni siquiera el 2% de vehículos adaptados, entre ellos Madrid y Barcelona.

El anexo VII del real decreto de 2007 detalla las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte en taxi, entre ellas que los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi y que se quieran calificar de accesibles para poder transportar personas con discapacidad deben satisfacer los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones.

Por otra parte, el PP en el Congreso insta al Gobierno a que requiera a los ayuntamientos que no hayan promovido los taxis accesibles en su término municipal a que adopten las medidas necesarias para garantizar la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad a este modo de transporte público.