La coalición está perfilando una proposición de ley "Integral de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Franquismo y la Transición", que contará con más de cincuenta artículos y una decena de disposiciones, lo que la convierte en la norma más completa sobre la materia presentada en el Congreso de los Diputados desde la aprobación de la llamada 'ley de memoria histórica', aprobada en 2007.

En un capítulo llamado "Derecho a la verdad", la iniciativa incluye varios artículos para resolver la búsqueda de esos menores, justo en el momento en el que se inicia el primer juicio en España sobre esta problemática que afecta "a decenas de miles de familias".

En esos preceptos, a los que tuvo acceso Servimedia, la coalición reclama que las autoridades estén "obligadas" a impulsar de forma efectiva la búsqueda de los menores sustraídos bajo el amparo de las autoridades franquistas y el posfranquismo, y que la investigación recaerá en los órganos judiciales competentes en el orden penal. "Por tratarse de un patrón criminal cuya comisión se extiende más allá del periodo franquista, se establece un marco temporal excepcional para la investigación de hechos y conductas ocurridos hasta el 31 de diciembre del año 1999", dice el texto.

Los tribunales, añade, "actuarán a partir del principio de que los hechos constituyen un delito permanente cuya comisión no cesa hasta la identificación final del menor sustraído, de acuerdo con la legislación internacional ratificada por España".

Los artículos establecen las posibles vías para garantizar la identificación de las personas afectadas y dejan claro que el procedimiento judicial estará informado "por el principio de reparación integral" con el objetivo de buscar al menor presuntamente sustraido y los orígenes en el caso de las personas adoptadas irregularmente, "para cerrar el ciclo del delito permanente".

APERTURA DE ARCHIVOS

La iniciativa busca asegurar la coordinación entre administraciones y su deber de colaborar en los procedimientos judiciales, prestando la asistencia necesaria para la apertura de los archivos de los centros médicos donde se realizaron estas sustracciones y de los centros de internamiento de mujeres, así como de las casas cuna, orfanatos, el Patronato de Protección a la Mujer y demás instituciones de la época franquista y postfranquista.

Los preceptos prevén que la Administración General del Estado, tras consulta previa al Consejo General del Poder Judicial, a través de los organismos propios o mediante convenio con entidades externas con capacidad técnica suficiente, establezcan el protocolo para recoger muestras de ADN procedentes tanto de los restos óseos procedentes de las distintas exhumaciones, como de las personas que soliciten que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y poderlo comparar con las muestras almacenadas en ese organismo. El Gobierno aprobaría un protocolo específico para esas pruebas.

Preve que ese dispositivo pueda aplicarse en la identificación de menores sustraídos de sus progenitores y adoptados sin su consentimiento, siendo obligación de la Administración la realización de los análisis oportunos para la comprobación de la identidad personal de los interesados mediando la investigación documental y científica pertinente.

Además, las autoridades deberían garantizar el acceso a los archivos públicos y eclesiásticos en relación a personas desaparecidas y el derecho de toda persona a conocer sus orígenes y a tener pleno acceso a los datos que conciernen a su propia vida, sea mediante el acceso de las personas afectadas o por delegación fehaciente, y las instituciones o congregaciones religiosas a las que se realizaran las peticiones de acceso deberían atender las solicitudes con prontitud y diligencia.