Fuentes presentes en la vista han explicado que las defensas han reiterado los argumentos que expusieron durante la instrucción, haciendo hincapié en la falta de competencia del Tribunal Supremo para juzgarles y en la ausencia de violencia que justifique el procesamiento por el delito de rebelión.

Según el ministerio público, sin embargo, lo sucedido el 20 de septiembre frente a las puertas de la Consejería de Economía y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 acreditan que hubo actos violentos y que el `procés´ fue “la crónica de una rebelión anunciada”.

La Sala suspendió esta vista convocada para el pasado día 6 por un error en la tramitación del recurso del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y se ha fijado la nueva fecha, una vez solucionado el error. La suspensión se produjo después de que la defensa de Cuixart alegara indefensión de su cliente, que había presentado un recurso de reforma ante el juez subsidiario de apelación, ante la propia la Sala de Apelaciones. Esta última instancia lo admitió sin haber informado a las partes para hacer alegaciones al mismo, por lo que el Supremo acordó al suspensión de la vista.

El juez Llarena procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Govern y del Parlament, así como a dirigentes independentistas.

El Supremo ha revisado también los recursos contra el procesamiento de los exconsejeros Santi Vila, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Lluís Puig y Clara Ponsatí; los exparlamentarios Josep Nuet, Anna Simó y Carme Forcadell, y el excandidato a president y diputado de JxCAT Jordi Sànchez.

En cuanto a la malversación, los letrados de la defensa han insistido en que el delito no ha quedado acreditado, argumento que ha sido rebatido por la Abogacía del Estado que ha insistido en que hay informes de la Hacienda Pública y policiales que acreditan el desvío de fondos público para sufragar el `procés´.

La acusación popular de Vox ha rechazado el argumento de los procesados de que ésta es una causa política y ha insistido en que son los procesados lo que tratan de vincular su situación con la política con el único objetivo de “rebajar la gravedad” de los delitos que se les imputan.En los próximos días la Sala decidirá si ratifica o revoca los procesamientos dictados por el juez Pablo Llarena.