Según sostiene el Foro en una nota, el citado documento que llega a los directores de los centros “obvia el derecho constitucional de los padres a educar en libertad a sus hijos, atenta contra las libertades de pensamiento, ideológica, de expresión, religiosa y científica y supone una intromisión absoluta e inaceptable en la vida privada de las familias, amenazando a los que 'no colaboren' con los Servicios Sociales".

Desde la organización destacan que "además de plantear como unívocos los paradigmas de una ideología concreta, vulnerando la obligada neutralidad ideológica de los centros públicos, el documento señala como transfobia y motivo de discriminación los pensamientos, las opiniones contrarias a los postulados de género e incluso el no participar activamente en su divulgación, subordinando cualquier tipo de libertad individual y de conciencia a su adecuación a lo indicado por la comunidad LGTBI".

El presidente del Foro también denuncia que "se pone en cuestión, asimismo, la libertad de cátedra, puesto que los profesores deberán plegarse a los postulados ideológicos que se les impone, aceptados como una verdad irrefutable cuando no es más que una visión particular de la sexualidad fundada en ideologías y no en evidencias científicas".

García-Juliá expresó además su sorpresa "por las formas de imposición de esta realidad. Sin pasar por ningún filtro, y en contra de numerosos ciudadanos e incluso con la oposición de miembros del Partido Popular que han mostrado su preocupación y desconcierto por esta medida, que pagarán en las urnas por traicionar a su electorado".