Según informó la compañía en un comunicado, "el órgano de gobierno ha considerado necesario un cambio de liderazgo para afrontar los retos de futuro e impulsar una nueva etapa de crecimiento".

La reunión, que dio comienzo a las 12.00 horas, constó de tres puntos en el orden del día: la aprobación del acta de la reunión anterior, del 30 de mayo; el cese del actual presidente y, en su caso, el nombramiento de su sucesor, y un último punto de ruegos y preguntas.

El nuevo presidente agradeció la confianza del Consejo y afirmó que “El Corte Inglés es una compañía líder que ha destacado siempre por su capacidad de innovación y de adaptación a las nuevas necesidades de los clientes". "Tenemos ante nosotros retos importantes y apasionantes para los que contamos con un gran equipo de profesionales. Estamos ilusionados y preparados para ganar ese futuro”, añadió.

ANTECEDENTES

El origen del conflicto en El Corte Inglés se sitúa en 2014, tras el fallecimiento de Isidoro Álvarez. Éste eligió como sucesor al frente de El Corte Inglés a su sobrino, Dimas Gimeno, pero la mayor parte de las acciones de la compañía en manos de Álvarez recayeron en sus hijas adoptivas, Marta y Cristina.

En concreto, la Fundación Ramón Areces, de cuyo patronato forman parte tanto las hermanas Álvarez como Dimas Gimeno, controla el 37,39% de las acciones de El Corte Inglés, seguida por la sociedad IASA, con el 22,18%. A su vez, el 69% de IASA pertenece a las hermanas Álvarez, mientras que Gimeno, la madre de éste, María Antonia Álvarez, y su tío, César Álvarez, ambos hermanos de Isidoro, poseen el 31% restante.

Desde entonces, la gestión de IASA, así como la herencia recibida por cada una de las partes ha dado lugar a la interposición de varias denuncias judiciales. Además, el control de las hermanas Álvarez en IASA les permite decidir sobre el reparto de dividendos en dicha sociedad.

Esto supone un problema para Gimeno, su madre y su tío, ya que mientras la configuración del Impuesto de Sucesiones en la Comunidad de Madrid apenas afecta a los descendientes directos, es decir, a Marta y Cristina Álvarez, sí conlleva un mayor pago de este tributo, en concreto del 30% de lo heredado, para el sobrino y los hermanos de Isidoro Álvarez, que requieren una mayor liquidez para poder hacer frente a dicho pago.

En este sentido, la decisión por parte de las hermanas Álvarez de reducir el capital de IASA en más de 120 millones de euros dio lugar a la denuncia de María Antonia y César Álvarez.