Según informó el Ministerio del Interior, han sido detenidas siete personas, algunas con lazos familiares entre ellas (seis españoles y un belga).

Se han realizado siete registros domiciliarios en las localidades toledanas de Fuensalida y Huecas, la madrileña de Arroyomolinos y la barcelonesa de Sant Boi de Llobregat y se han intervenido 10,5 kilogramos del principio activo tadalafilo.

Con esta sustancia se habrían fabricado alrededor de dos millones de cápsulas, más de 100.000 cápsulas con medicamento preparadas para venta, así como materia prima para su elaboración y maquinaria para su fabricación, estimando que el beneficio de la venta de estos productos podría alcanzar varios millones de euros.

RETIRADO DEL MERCADO

Igualmente, se ha desmantelado una plantación interior de marihuana y por este motivo se ha puesto a disposición judicial a una de las detenidas por un delito contra la salud pública y otro por defraudación de fluido eléctrico.

La operación se inició en febrero de 2018, cuando se detectó la entrada, a través de la Unidad de Análisis de Riesgos del aeropuerto de Barajas, de varios paquetes procedentes de China que contenían tadalafilo, principio activo de un medicamento para tratar la disfunción eréctil, sustancia que puede representar un peligro para la salud pública sin el preceptivo control sanitario.

Los investigadores comprobaron que los envíos tenían como destinatario un entramado familiar ubicado en localidades de la provincia de Toledo (Fuensalida) y Madrid (Arroyomolinos). Los agentes comprobaron que estas personas también recibían 'blísters' y cartonajes para fabricar medicamentos.

Durante la investigación se verificó que, durante el segundo semestre de 2017, los sospechosos vendieron, a través de una empresa aparentemente legal, como producto nutricional un vigorizante que había sido retirado del mercado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps).

PRODUCTO PELIGROSO

Este producto tenía concentraciones de principio activo (sildenafilo), no declarado en su composición, lo que lo convertía en un medicamento ilegal que suponía un grave riesgo para la salud de los consumidores.

Igualmente, se comprobó que estas personas formaban parte de un grupo criminal que no tenía ningún tipo de autorización sanitaria para producir o distribuir medicamentos o productos medicamentosos y que las instalaciones que utilizaban no eran las adecuadas para su elaboración, utilizando un laboratorio clandestino ubicado en la localidad de Huecas (Toledo). El envasado final del producto se hacía en la localidad madrileña de Arroyomolinos, donde se almacenaba hasta su posterior distribución.

Los investigadores verificaron que este grupo criminal planeaba la ocultación de los beneficios de la venta de estos productos a través de una empresa dada de alta en el Reino Unido, para lo que utilizaba un testaferro y direcciones falsas y con la que pensaban generar facturas falsas para justificar la entrada de dinero y simular la compra de los productos a países del éste asiático.