Las providencias dictadas afectan a los siguientes recursos: recursos de inconstitucionalidad presentados por el presidente del Gobierno contra las leyes catalanas de Voluntades digitales y de modificación de los Libros Segundo y Cuarto del Código Civil de Cataluña, preceptos de la ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial y la ley de la Agencia Catalana de Protección Social, y la ley de las asociaciones de consumidores de cannabis.

Este emplazamiento también afecta a los recursos contra la ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, varios preceptos de la ley de comercio, servicios y ferias o el artículo 1 del Decreto-Ley de la Generalidad de Cataluña de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, y varios preceptos de la Ley del Cambio Climático.

También se verán afectadas las leyes de medidas fiscales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos y sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.

De igual modo, la Generalitat deberá presentar alegaciones en relación a los recursos sobre Ley de Universalización de la Asistencia Sanitaria con cargo a Fondos Públicos mediante el Servicio Catalán de Salud y la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Además, el Gobierno catalán podrá presentar sus argumentos en contra de los recursos presentados por el Parlamento de Cataluña y por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra la aplicación del artículo 155 y el recurso presentado por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, de promoción de la actividad económica.