Una de las principales iniciativas medioambientales que preparaba el último Gobierno de Rajoy era la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, uin compromiso anunciado por el ya expresidente del Ejecutivo en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) en 2016, apenas un año después de la aprobación del Acuerdo de París.

Los trabajos del anteproyecto de ley dieron el pistoletazo de salida en abril de 2017 tras el primer encuentro de un grupo de trabajo interministerial creado ‘ex profeso’ para esa tarea y en la que participaron representantes de ocho ministerios (Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Energía, Turismo y Agenda Digital; Asuntos Exteriores y Cooperación; Economía, Industria y Competitividad; Fomento; Hacienda y Función Pública; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Presidencia y para las Administraciones Públicas), así como de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.

El pasado mes de abril, la ahora ministra en funciones de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, indicó que ese grupo de trabajo recibiría “en breve” un borrador elaborado por su departamento y por el de Energía, Turismo y Agenda Digital, después de la celebración de unas jornadas de debate y de recibir más de 170 propuestas en un proceso de consulta pública.

Por otro lado, Medio Ambiente tenía elaborada una propuesta inicial de Pacto Nacional por el Agua después de promover más de 120 encuentros con alrededor de 600 expertos, desde administraciones hasta usuarios, pasando por organizaciones ecologistas y empresariales, colegios profesionales y universidades.

Ese pacto tenía cuatro ejes principales: el cumplimiento de los objetivos ambientales fijados en los planes hidrológicos de cuenca, la atención de los déficits hídricos para garantizar la disponibilidad de agua, la puesta en marcha de los planes de gestión del riesgo de inundación y la mejora de la gobernanza del agua.

Además, el departamento de Tejerina trabajaba junto con el de Economía en poner en marcha la Estrategia Española de Economía Circular, cuyo borrador para información pública incluía 70 medidas y más de 836 millones de euros de prespuestos para lograr un modelo de desarrollo y crecimiento “más innovador, competitivo y sostenible”.

MINISTERIO ESPECÍFICO

Por otro lado, lLas cinco principales organizaciones ambientales de España (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han reclamado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree una Vicepresidencia de Sostenibilidad y un ministerio específico dedicado al medio ambiente.

De esta forma, las organizaciones volvieron a hacer la misma petición que hicieron a Sánchez cuando se le encomendó la formación de Gobierno en marzo de 2016 y a Mariano Rajoy cuando éste fue finalmente investido en octubre de ese mismo año.

Durante el debate de la moción de censura, Sánchez señaló al medio ambiente como una de sus prioridades. Para que esta intención se convierta en una realidad, las entidades ecologistas indicaron en un comunicado que es preciso “articular una estructura adecuada”, con una Vicepresidencia de Sostenibilidad y un Ministerio de Medio Ambiente.

De esta forma, según apuntaron, será posible coordinar todas las políticas con potencial impacto ambiental (desde la industria hasta la agricultura) con las medidas que se adopten en materia de economía y empleo. “Se trata de la única vía para promover un modelo de desarrollo que sea sostenible y tenga en cuenta los límites del planeta”, añadieron.