La moción de censura del PSOE, presentada tras conocerse la sentencia por la trama ‘Gürtel’ que condena al PP como partícipe a título lucrativo, cuenta con el apoyo de Unidos Podemos, PDCat, EH Bildu, Compromís, PNV y Nueva Canarias. En cambio, además de PP, votarán en contra Ciudadanos, Foro Asturias y UPN, mientras Coalición Canaria se abstendrá.

De esta manera, previsiblemente saldrá adelante la iniciativa socialista, con lo que Rajoy deberá abandonar la Moncloa junto a todo su Ejecutivo si él no decide dimitir.

En este caso, la mayoría de ministerios quedan con el trabajo a medio hacer, con importantes asuntos que deberán abordar quienes lleguen a los distintos departamentos.

ECONOMÍA

En el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano dejará su propuesta de reforma de los órganos reguladores y supervisores, que, por ejemplo, iba a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La idea de Escolano, que recogía la iniciativa de su antecesor en el cargo Luis de Guindos, era separar la actual CNMC, creándose una nueva autoridad independiente de competencia y otra de supervisión y regulación de los mercados.

Además, se querían poner en marcha sendas autoridades independientes de seguros y planes de pensiones, así como de protección al ahorrador, y que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se integrara en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por otra parte, Economía deja en el cajón la revisión de los instrumentos de apoyo financiero del sector público, entre los que se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Mantener o alterar los plazos del proceso de privatización de Bankia es otro tema que queda en el aire. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) tiene de plazo hasta finales de 2019 para completar la venta de la entidad nacionalizada, de la que el Estado controla más del 60%.

En todo caso, cabe la posibilidad de que con la aprobación de un real decreto se amplíe el mismo, como ya ocurrió en una ocasión anterior.

AUTOPISTAS RESCATADAS

Por su parte, entre las grandes medidas pendientes del Ministerio de Fomento destaca la relicitación de las autopistas quebradas que el departamento dirigido por Íñigo de la Serna pretendía llevar a cabo antes de que concluya este año para reducir su impacto en el déficit público, puesto que su previsión era recaudar entre 700 y 1.000 millones de euros.

También debía decidir antes de que finalice este ejercicio qué hacer con las autopistas de las que vence su concesión, como la AP-1 entre Burgos y Armiñón. A este respecto, el PSOE aboga por que no sean licitadas de nuevo y pasen a ser gratuitas.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En el cajón del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha quedado la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, así como el Plan Nacional de Descarbonización, normativas que Álvaro Nadal no aprobaba ante la indefinición de la Comisión Europea.

Además, está pendiente de su tramitación en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley impulsado por el Ministerio para regular el cierre de centrales de producción eléctrica por motivos económicos o medioambientales y no solo atendiendo a la seguridad de suministro.

PENSIONES

En el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Gobierno se encuentra negociando con los interlocutores sociales y las comunidades autónomas la nueva Renta Complementaria de Desempleo (RED) de 430 euros mensuales, como solución al fin de la vigencia de los programas temporales destinados a los parados de larga duración.

Aunque esta negociación quedara paralizada, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está incluido un subsidio extraordinario por desempleo de la misma cuantía que estaría vigente mientras se acuerda una solución a los programas temporales para parados.

Asimismo, Empleo trabaja junto con las organizaciones empresariales y sindicales en medidas, entre otras, para reducir la brecha salarial de género y hacer que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva en las empresas con auditorías salariales.

Por otra parte, el Pacto de Toledo continuaría con los trabajos para renovar las recomendaciones aunque prospere la moción de censura, pero si se convocan elecciones se disolverían las Cortes Generales y con ellas esta comisión parlamentaria.

En el caso del Ministerio de Hacienda y Función Pública el cambio de Gobierno podría dejar en el aire, al margen de lo que ocurra con los PGE de 2018, varias iniciativas que habían sido anunciadas por el Gobierno. Este es el caso de la implantación de un nuevo impuesto a las empresas digitales con el que se esperaba recaudar parte del dinero que, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, iba a financiar la subida de pensiones recogida en los PGE.

Otro punto relevante que podría verse afectado por la moción de censura y el cambio de Gobierno es la reforma de la financiación autonómica, un compromiso adquirido por la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en enero de 2017. Tras más de un año de trabajo de los grupos de expertos, Rajoy había indicado en varias ocasiones en el último mes su intención de convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de mayo o principios de junio para avanzar en esta materia, algo que podría pararse con el escenario actual.