Así se expresó Catalá este martes en Cuenca, tras su participación en varios actos oficiales, después de que ayer se reuniese por primera vez con las siete asociaciones de jueces y fiscales que llevan semanas movilizándose reclamando una mejora en la Administración de Justicia y en las condiciones de sus profesionales.

En concreto, las convocatorias han estado respaldadas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).

El ministro se mostró convencido de poder resolver la situación a través del “diálogo y la negociación” y destacó que con la aprobación de los presupuestos, ahora en trámite, habrá “más recursos para poder atender buena parte de las demandas que los profesionales plantean”. En este sentido, explicó que hay una previsión de “300 nuevas plazas de jueces y fiscales” y “3.700 plazas de oferta de empleo público para todos los cuerpos de funcionarios”.

Por otro lado, Catalá resaltó que se encuentra “en trámite la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)”, donde, según el ministro, están incorporadas una serie de enmiendas con algunas de las cuestiones que las asociaciones reivindican. Por ejemplo, que “las decisiones que toma el Consejo General del Poder Judicial cuando elige a los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia o de las Audiencias Provinciales sean trasparentes”, agregó. Con presupuestos y LOPJ “vamos a tener herramientas para abordar la negociación con unas ciertas garantías de poder incorporar mejoras”, concluyó.