Según indicaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la resolución que ha enviado la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local al Ayuntamiento no se entra en si ha habido modificaciones de crédito para las obras, como ha sido el caso al pasarlas de inversiones ordinarias con cargo a presupuestos a IFS sufragables con cargo al remanente de tesorería si un Ayuntamiento tiene superávit, como es el caso del de Madrid.

El año pasado, el Ministerio sí que desautorizó que el Consistorio intentara sufragar con créditos extraordinarios o suplementos de crédito, como los aprobados el jueves por el Pleno para estas IFS, los mismos proyectos que tuvo que paralizar por orden de Hacienda para no incumplir la regla de gasto.

En esta ocasión, y una vez que en diciembre el Ayuntamiento aprobó el Plan Económico Financiero que le exigía Hacienda, desde el Ministerio “sólo se valora si los proyectos pueden ser considerados IFS o no”, y “en principio sí podrían ser consideradas IFS”.

Por tanto, su coste no computa como gasto ordinario municipal, que está limitado por la regla de gasto que impide a todas las instituciones incrementarlo en un porcentaje superior al que se prevé que crezca la economía de todo el Estado.

Las únicas condiciones que se exigen a una inversión para que sea considerada financieramente sostenible son que tenga una vida útil de al menos cinco años y que no supongan gastos adicionales con cargo a presupuestos.

OBRAS YA PAGADAS

De acuerdo con las fuentes consultadas, Hacienda no ha puesto pegas ni siquiera al hecho de que algunas de las obras que el Pleno aprobó el jueves como IFS estén ya ejecutadas y pagadas, lo que suscitó dudas sobre su legalidad en los grupos municipales del PP y Ciudadanos.

Eso sí, las fuentes ministeriales consultadas puntualizaron que las IFS “en ningún caso pueden ser plurianuales”, como sostuo el portavoz municipal del PP en esta materia, Íñigo Henríquez de Luna.

Sin embargo, sí se pueden ejecutar al año siguiente al de su autorización y licitación si se justifica que se ha extendido en el tiempo, de forma que basta con autorizar el proyecto correspondiente en un año y terminar de ejecutar la obra al siguiente.

Esta posibilidad de ejecutar las IFS en dos años la introdujo el Ministerio de Hacienda y Función Pública en un decreto el pasado mes de marzo, muy solicitado por la FEMP y por ayuntamientos como el de Madrid, para poder utilizar su superávit (de más de mil millones en el caso madrileño) sin estar constreñido por la citada regla de gasto, que es igual para todas las administraciones.

El Ayuntamiento aceptó el PEF que le impuso Hacienda con la esperanza de poder ejecutar como inversiones financieramente sostenibles muchos de los proyectos que el Ministerio le había vetado para que no se excediera del tope fijado por dicha regla.