En un encuentro informativo organizado por ‘El Economista’, el ministro apuntó que “va a ser que no” se levantará el control total de las cuentas, ya que las palabras del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torras, “crean un elemento de desconfianza” en línea con el que llevó al Gobierno de España a implantar ese control en 2015.

“Es un control de legalidad”, para garantizar que los presupuestos de sanidad, educación o servicios sociales se dedican “a los fines que se han presupuestado y no a actividades ilegales o ilícitas”, dijo, para lamentar la actitud "desafiante". “Vamos a impedir que vaya a actividades ilegales; el Gobierno están para hacer cumplir la ley”.

En este sentido, expuso que el control reforzado de las cuentas del pasado septiembre está “inserto” en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y “tendremos que analizar las consecuencias de la retirada” del mismo.

Con este control, recordó el ministro, la región no recibe los recursos de la financiación autonómica pues se transfieren a un depósito del Banco de España.

En todo caso, aseveró que el modelo de intervención “ya está experimentado” y sobre el mismo “no existe ninguna duda”. “Ha sido funcional y operativo”, señaló, para añadir que su mantenimiento o no “ya lo iremos viendo”.

Por otra parte, el titular de Hacienda señaló que este año 2018 va a seguir bajando el déficit público y España contará con nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), “gracias a los buenos oficios” del Gobierno y otras formaciones políticas.

En este sentido, aseguró que “España necesita estabilidad política y eso se lo dan los PGE”. Además, quiso dejar claro que “la estabilidad política le interesa a todos”, salvo a los independentistas catalanes.

“A esos no les interesa la estabilidad política, porque los procesos de integración se hacen sobre la economía. Si Cataluña prospera, el independentismo pierde”, señaló.

Según Montoro, los independentistas “han rechazado de plano y han sacrificado” la mejora económica, aunque no lo consiguen porque el Gobierno de España ha actuado.