En el texto aprobado por el Gobierno, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, se asegura que “en el ámbito internacional, España defiende la aplicación efectiva de las normas internacionales de derechos humanos que se rigen por los principios de universalidad y no discriminación y condena, en todos los foros en los que participa, las violaciones de los derechos de las personas LGTB”.

De hecho, sostiene que “es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos”. Asimismo, añade que “el Gobierno es consciente de su responsabilidad”, por lo que está elaborando la Estrategia estatal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales para su “reconocimiento”.

Entre otras acciones, el Ejecutivo destaca la labor de la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, que tiene como labor “potenciar y optimizar la actividad del Ministerio Fiscal en este ámbito ante la necesidad de ofrecer una respuesta institucional al problema de la discriminación y la situación de desprotección efectiva” del colectivo LGTB.

Por último, el Gobierno asegura que aspira a una “sociedad donde la discriminación, la exclusión, la violencia y la alienación por homofobia y transfobia no tengan cabida, pues el principio de la igualdad de trato no admite excepciones, y respetar y garantizar los derechos de las personas LGBT es crucial para poner fin a la discriminación que sufren".